UGT advierte a la Junta que algunas unidades de ordenación básicas de Valladolid dejan los servicios públicos “muy deteriorados”

La Unión General de Trabajadores (UGT) advirtió hoy a la Junta de Castilla y León que algunas unidades básicas de ordenación del territorio (UBOST) de la provincia de Valladolid dejan los servicios como sanidad, educación y sociales, entre otros, “muy deteriorados”, con el posible impacto entre los trabajadores públicos de esas zonas. La Federación de Servicios Públicos del sindicato llega a esta conclusión tras elaborar un estudio que analiza, de forma pormenorizada, cada una de las 21 unidades básicas de la provincia. En concreto, el trabajo recoge que unidades básicas como Tierra de Campos Valladolid Norte, Campos Góticos Oeste, Montes Torozos Oeste, Valle de Esgueva y Campos de Peñafiel superan en la mayor parte de los casos los tiempos máximos fijados por el sindicato para acceder a un centro de especialidades, un hospital o una ambulancia UVI móvil.

La secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Ámez, aseguró, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el sindicato pretende que la Ordenación del Territorio de Castilla y León, promovida por la Junta, sea “revisada con profundidad”. El objetivo es que el trabajo elaborado por la federación sea valorado por los técnicos, los políticos y los legisladores para que la “racionalización y sostenimiento del ámbito local sean realmente inversiones para mejorar los servicios básicos y sirvan de recuperación de población”.

El 'Estudio de la Propuesta sobre Ordenación del Territorio en la provincia de Valladolid' es el punto de partida del resto de trabajos que llevará a cabo UGT en el conjunto de los territorios de la Comunidad. El sindicato tiene previsto presentar el informe en la provincia de Zamora esta semana y en León será en unos días. Ámez consideró que, a falta de contar con las conclusiones de esos trabajos, todo parece indicar que los servicios públicos en estas provincias quedarán en peor situación que en Valladolid por las dificultades orográficas que aumentan los tiempos de desplazamientos por carretera.

El trabajo del sindicato expone los parámetros de accesibilidad a servicios públicos sanitarios, educativos, sociales y otros como la recogida y gestión de residuos sólidos, el alumbrado o el abastecimiento de agua que la población tendrá tras la implantación de las UBOST. Y, sobre todo, comprobar si la nueva ordenación territorial que plantea la Junta “cubre las expectativas” de la población de la provincia. Al contrario, la conclusión es que la nueva reorganización, con cambios de pueblos en las unidades, no soluciona los problemas actuales.

UGT ha marcado 20 minutos como tiempo máximo de desplazamiento desde una población a un centro de salud para ofrecer un servicio de calidad, que se reduce a 15 minutos para acceder a una UVI móvil (un recurso que ahora solo existe en cada mancomunidad). En el caso de la distancia para llegar a un hospital o un centro de especialidades se fija en 40 kilómetros. El estudio también recoge la distancia de cada pueblo incluido en la unidad básica a un colegio, un instituto de Secundaria y un Centro de Acción Social (CEAS).

El sindicato advierte de la situación en que quedarán algunas de las actuales mancomunidades y las repercusiones que habrá tanto en el servicio que se presta a los ciudadanos como a los trabajadores. En ese sentido, el secretario general de la FSP-UGT Valladolid, Manuel Martínez, recordó que, en la actualidad, la provincia cuenta con 21 mancomunidades para la recogida y tratamiento de los residuos sólidos, así como la gestión del agua, que emplean a 69 personas. Unos trabajadores que tienen diferentes contratos en función de si dependen directamente de las mancomunidades o si es personal de empresas privadas o son empleados cedidos por los ayuntamientos.

Martínez puso el ejemplo de la Mancomunidad Pino Duero que emplea a nueve trabajadores, de los que dos podrían sobrar si, finalmente, el Ayuntamiento de La Cistérniga decide pertenecer a la unidad de Valladolid urbana al considerar que el cambio supondrá un ahorro económico por la prestación de los servicios.

El secretario provincial también advirtió, según Ical, del efecto de la Ley 27/2013 de Sostenibilidad de los Municipios al poner en riesgo el futuro de algunas mancomunidades que ahora se benefician de cesiones de material por parte de la Diputación y que no podrían acometer arreglos antes posibles averías al estar limitado su gasto.

Ausencia de información

Carmen Ámez lamentó la ausencia de información sobre la reordenación del territorio. “Nadie nos ha llamado para darnos detalles de las áreas funcionales y parecía que no estaban preocupados por los servicios públicos”, precisó. De ahí, la necesidad de recopilar datos en un “trabajo de campo” por parte de Encar Prieto y Fernando Serna, a través de las páginas web de Sacyl (Sanidad Castilla y León), la Consejería de Educación y los Servicios Sociales. Una vez recopilada toda esa información, el estudio se ha remitido al consejero de la Presidencia, que en palabras de la responsable sindical, ha agradecido y se ha comprometido a estudiarlo. También se ha remitido a los grupos políticos de la Diputación y se hará en breve a los de las Cortes regionales.

Manuel Martínez añadió que “alguien debe valorar la distancia o los tiempos que hace que un servicio sea útil o inútil”, al igual que el futuro de los trabajadores porque “una mancomunidad se monta y desmonta sin problema pero no así los empleados que dependen de ellas”. La secretaria regional de la FSP fue más allá y aseguró que los “grandes beneficiados” con el nuevo mapa de ordenación del territorios serán las empresas que prestarán algunos servicios que no puedan realizar las mancomunidades. Consideró que las entidades más perjudicadas serán las que ahora aglutinan a más población y un mayor número de habitantes.