La Fiscalía blinda el plazo para la instrucción de casi 30 causas

a Fiscalía de Valladolid ha hecho los deberes y además ha sacado nota. El temor a que haya causas que se interrumpan por la nueva normativa que establece un plazo de 6 meses para la fase de instrucción, que vence el 6 de junio, se ha disipado en Valladolid ya que en las treinta principales se ha solicitado la declaración de causa compleja, lo que permite que la instrucción tenga al menos un plazo de 18 meses.

Los nuevos plazos de instrucción establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal traen estos días de cabeza a todos los fiscales de España. La norma entró en vigor en diciembre del año pasado y obliga a revisar todas las causas que están en fase de instrucción para que concluyan el 6 de junio o sean sometidas a un plazo superior. El Colegio Oficial de Abogados de Valladolid acogió ayer una jornada formativa sobre los nuevos plazos, organizada en colaboración con la Fiscalía de Castilla y León.

La Fiscalía de Valladolid ha considerado que casi una treintena de causas merecen la calificación de complejas y su periodo de instrucción sea, por tanto, de 18 meses. La actuación de la Fiscalía vallisoletana fue considerada como «modélica» por la Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez.

La nueva normativa establece seis meses para las instrucciones sencillas y 18 para las complejas, aunque ambas pueden ser objeto de una prórroga. Aunque la instrucción sigue bajo la dirección del juez, es el fiscal quien debe pedir la declaración de causa compleja o las prórrogas.

Entre la treintena de causas que han sido calificadas como causas complejas en Valladolid figuran las más mediáticas, como el caso de la Perla Negra, como se conoce al edificio del ADE en Arroyo de la Encomienda. En dicho caso está incluida también la operación de adquisición de los terrenos de Portillo, donde se proyectó un polígono industrial que no se materializó. Otras dos causas conocidas que han sido declaradas como complejas son la de Samaniego, relacionada con obras en el Ayuntamiento de Valladolid, y la de Asaja.

La instrucción de estas y otras causas calificadas ahora como complejas se prolongarán más allá de los 18 meses casi con seguridad. Para ello, se utilizarán los mecanismos que contempla la nueva normativa, que son dos, la petición de una prórroga o la solicitud de plazo máximo, un mecanismo que, habiendo causa razonada, permite establecer un nuevo periodo de instrucción ajustado a las necesidades.

A pocos días del cumplimiento, por primera vez, del plazo de seis meses para causas en curso, la nueva norma ha suscitado muchas dudas entre los profesionales de la Justicia, por lo que en la jornada de ayer del Colegio Oficial de Abogados de Valladolid hubo una numerosa asistencia de letrados y fiscales, pero también de miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Si algo quedó claro durante la jornada formativa es que lo que el legislador define como una nueva norma de «aplicación sencilla» no lo es en absoluto, tal y como coincidieron fiscales y expertos en Derecho. Uno de los problemas de origen, tal y como señaló la catedrática Coral Arangüena, es que se pretendía legislar para una instrucción que iba a quedar en manos del fiscal y que finalmente se ha mantenido bajo la dirección del juez instructor. De ahí la circunstancia de que sea el fiscal el que deba solicitar las prórrogas, el plazo máximo o la declaración de causa compleja.

Una jornada que evidenció numerosas dudas

La Fiscalía Superior de Castilla y León acertó al organizar junto al Colegio Oficial de Abogados de Valladolid una jornada sobre la aplicación de los nuevos plazos para los procesos de instrucción judicial. Quedó claro al comprobar el gran número de dudas que provoca esta nueva normativa, tanto entre los propios fiscales como en los expertos en Derecho. También entre los agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional que tienen que investigar a las órdenes de los jueces.

La jornada fue presentada por el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo, y la Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey.

El controvertido artículo 324 establece inicialmente todas las causas como sencillas, lo que supone que la instrucción debe concluir en seis meses, aunque existe la posibilidad de una prórroga. Una de las dudas que surgieron ayer es si las diligencias practicadas fuera de plazo tienen validez.

Son los fiscales los que deben solicitar al juez que declare las causas como complejas para que el plazo de la instrucción pase a ser de 18 meses, también con posibilidad de prórroga. Para los casos más complejos se puede pedir el ‘plazo máximo’.