Diario de Valladolid

Las personas que recurren a Cáritas Valladolid sólo se reducen un 5% en 2015

La organización vinculada a la iglesia alerta de que los sueldos de 800 euros impiden vivir con dignidad

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ICAL

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Cáritas Diocesana Valladolid atendió el año pasado a unas 8.800 personas en la capital y provincia, lo que supone una ligera caída del cinco por ciento, aunque la sensación de la entidad vinculada a la iglesia es que persiste el empobrecimiento y el endeudamiento de los hogares. “El problema no crece pero no mejora porque las intervenciones con los usuarios aumentan”, sentenció hoy el director de Cáritas en Valladolid, Jesús García Gallo durante la presentación del balance de actividad de la organización en 2015.

García Gallo aseguró, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que “no es lo mismo una crisis de un año que una crisis de ocho años” que es el tiempo que acumulan sin un empleo muchos de los usuarios que recurren a Cáritas. Reconoció que la organización no constata, en la actualidad, la “avalancha” de 2012, de la que guarda “mal recuerdo” al comprobar la importante descomposición social que disparó las ayudas para el pago de alquileres o de facturas de suministros eléctricos.

Pese a reconocer que existen más ayudas sociales, hizo hincapié en que hay algunos colectivos con muchas dificultades para encontrar un empleo, como son los parados de larga duración mayores de 50 años. “La cronificación y la prolongación en el tiempo de una situación deterioran las condiciones de vida de esas personas y recrudecen esa baja autoestima”, sentenció.

También se refirió a la proliferación de empleos a tiempo parcial o a jornada completa por 800 euros que impiden vivir con dignidad cuando hay que pagar un alquiler o una hipoteca. “Hablamos de familias normales con hijos sin riesgo de exclusión social cuyos ingresos son insuficientes”, precisó el director de Cáritas. Otra cosa son los 1.100 sin hogar atendidos por Cáritas, que engloba tanto a los sin techo como a las personas con problemas de habitabilidad que comparten habitaciones o tienen una itinerancia alta.

Y eso que García Gallo mencionó que la provincia de Valladolid está, junto a Burgos, en una mejor situación que el resto de la Comunidad por el desarrollo industrial. Recordó que la Encuesta de Condiciones de Vida, que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge que en Valladolid el 26,2 por ciento de las familias tiene dificultades para hacer frente a un gasto inesperado frente al 40 por ciento de la media nacional.

En todo caso, el director de Cáritas advirtió que la demografía puede dar una “visión deformada” de la situación económica. Citó, por ejemplo, que la pérdida de población provoca que aumente la renta per cápita al igual que ocurre con el descenso de las personas activas por las jubilaciones o los ciudadanos que “tiran la toalla” a la hora de buscar un empleo ante la falta de expectativas.

El área de Acción de base y Familia de Cáritas, que el año pasado atendió a 7.400 personas en la provincia, absorbió un total de 544.000 euros para el pago de las necesidades básicas de alimentación, sanidad y vivienda de familias con empobrecimiento económico y social.

Se trata de la segunda mayor partida del presupuesto de la organización, solo por detrás de Empleo y Economía Social, con 592.000 euros. Una partida que ha aumentado porque Cáritas participa en las políticas activas del Servicio Regional de Empleo (Ecyl) para favorecer la empleabilidad de colectivos con especiales dificultades. Ambas áreas están relacionadas puesto que García Gallo declaró que la formación laboral es una “potente palanca” para salir de la exclusión social. Le siguen por cuantía los recursos destinados a las personas sin hogar, con 516.558 euros.

Cáritas Diocesana manejó el año pasado un presupuesto de 2,6 millones gracias a los donativos de particulares y empresas (502.000 euros), al dinero recaudado en colectas (316.000 euros), campañas (287.000 euros) y cuotas de los más de 700 socios (233.000). A ello hay que sumar las subvenciones de las administraciones (760.000 euros) y las no oficiales (272.000 euros).

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