Burgos ve ‘insólito’ poner más trabas al derribo del San Juan de la Cruz

La Seguridad Social no tiene intención de derribar el antiguo colegio San Juan de la Cruz en breve, pero advierte al Ayuntamiento de que poner nuevos «obstáculos» como catalogar el edificio para evitar su demolición sólo perjudicará a los vallisoletanos.

Lo dijo ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, el vallisoletano Tomás Burgos, después de que la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobará la licencia para tirar el San Juan de la Cruz. «Ya les ha costado», fue la primera reacción del secretario de Estado tras conocer la decisión municipal, aunque lamentó la apertura, por parte del Ayuntamiento, de un expediente para catalogar el edificio e intentar frenar así su derribo.

Todo indica que será en el próximo pleno, el de junio, cuando se aprueba de forma inicial la propuesta para solicitar a la Junta la catalogación del antiguo colegio, cerrado desde hace 17 años, como bien de interés general para la comunidad. Un paso éste con el que el alcalde, Óscar Puente, aseguró que se paralizaría la demolición.

«El tema tendría que aprobarse inicialmente en el pleno con los informes necesarios que aún deben recabarse y, si es factible, se hará», dijo Puente.

El secretario de Estado de la Seguridad Social no mostró prisa por tirar el viejo edificio y aclaró que la urgencia de la licencia obedecía a que se trata de un trámite «preceptivo» para sacar el pliego de prescripciones técnicas para el proyecto de obras. Pero tachó de «insólito» y «lamentable» que «todo el esfuerzo del Ayuntamiento sea obstaculizar» la apertura de una oficina de atención ciudadana en el San Juan de la Cruz. Burgos advirtió al Ayuntamiento de que «si introduce un nuevo elemento de paralización los perjudicados serán los ciudadanos de Valladolid».

Puente pareció anticiparse al secretario de Estado cuando, por la mañana, recordó que el Ayuntamiento sólo pretende atender al deseo de los vecinos de La Rondilla en su pretensión de que el colegio pase a ser de uso para el barrio, en lugar «de unas oficinas que se pueden hacer en otros sitio»

Pero admitió que la propietaria es la Seguridad Social y que la licencia de demolición no podía dilatarse por más tiempo. El alcalde reconoció también que más allá de la propuesta de catalogación del colegio, que deberá aprobar la Junta de Castilla y León, la capacidad de maniobra es pequeña. «No nos vamos a encadenar como nos han pedido los vecinos, pero está claro que quien decide el derribo comete un error que pagará políticamente», dijo Puente, quien se mostró muy crítico con Burgos por el desplante al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, el pasado martes durante la visita del edil a Madrid.

El alcalde afeó a Burgos su actitud, «que habla muy mal de él», y lo atribuyó a «la chulería de algunos miembros del PP» antes de recordar que en el Ayuntamiento «se recibe a todo el mundo».

El aludido aseguró que ni él ni la ministra Fátima Báñez estaban el martes en el Ministerio -él se encontraba en Valladolid- pero recordó que «una persona no puede presentarse y pedir que le reciba la ministra» si no tiene cerrada una cita. Añadió Burgos que la posición del Gobierno estaba claro «y no se pueden cambiar los proyectos cada vez que hay un cambio político en un ayuntamiento».

Para el concejal de Urbanismo, las palabras del secretario de Estado de la Seguridad Social demuestran que no quiso recibirle, pese a que recordó que se había puesto en contacto por teléfono con el Ministerio el día anterior.