Diario de Valladolid

Puente culpa a un PP «suicida» de la denuncia por la ‘comfort letter’

Asegura que no le dejan otra opción y añade que no quiere perjudicar a León de la Riva

El alcalde visitó ayer con varios miembros del equipo de gobierno las instalaciones de Philips-Indal. La factoría vallisoletana, una emrpesa familiar que fue adquirida por la multinacional holandesa, cuenta con una plantilla de 400 trabajadores y abastece-PHOTOGENIC

El alcalde visitó ayer con varios miembros del equipo de gobierno las instalaciones de Philips-Indal. La factoría vallisoletana, una emrpesa familiar que fue adquirida por la multinacional holandesa, cuenta con una plantilla de 400 trabajadores y abastece-PHOTOGENIC

Publicado por
Fernando Martín
Valladolid

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La decisión del alcalde, Óscar Puente, de llevar al juzgado la carta de conformidad, la comfort letter, firmada por su antecesor, Francisco Javier León de la Riva, como garantía del Ayuntamiento para la devolución del préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es irrevocable y culpa al Grupo Municipal Popular de provocar la judicialización del caso con «su actitud suicida» en la oposición.

Puente compareció ayer «muy fastidiado y muy cabreado», según su propia expresión, para cargar contra los populares y contra su presidente, José Antonio Martínez Bermejo, al que tachó de «bombero pirómano». Aseguró que de tener «una oposición mínimamente leal» se habría planteado «qué hacer» pero advirtió de que no le queda «otra alternativa».

El alcalde acusó a Martínez Bermejo de poner «a los pies de los caballos» al equipo de gobierno en su negociación con los bancos para buscar la refinanciación del préstamo de 404 millones -de los que al Ayuntamiento le tocan 101 millones- al comparar la novación del crédito logrado para aplazar el pago seis meses más con la comfort letter firmada por León de la Riva. Una actitud incomprensible para Puente «porque ellos son los primeros interesados en que este tema estuviera en un segundo plano y en lugar de callarse salen a decir que el equipo de gobierno se salta el procedimiento».

Respondía así al ofrecimiento que minutos antes había hecho el presidente del Grupo Municipal Popular para «apaciguar los ánimos» y «buscar la tranquilidad». Pero Puente no estaba ayer para paños calientes, máxime tras recordar que el acuerdo de novación con los bancos se alcanzó «con el respaldo de la Junta y del PP y a los dos días salen diciendo (el Grupo Popular en el Ayuntamiento) que no es legal», dijo a modo de explicación de la acusación de bombero pirómano lanzada contra Martínez Bermejo. «Es el límite de lo soportable», dijo Puente y añadió que no le dejan otra opción para salvaguardar el interés público.

Al tiempo que lleva al juzgado la carta firmada por León de la Riva, el Ayuntamiento abrirá el proceso para anular el documento, firmado sin pasar por el pleno ni el interventor municipal.

Preguntado si la anulación no es suficiente para dejar sin efecto el documento y así liberar al Consistorio de toda responsabilidad, el alcalde aseguró que sus asesores jurídicos le aconsejaron la acción penal «para reforzar la defensa jurídica del Ayuntamiento antes las entidades de crédito».

Admitió Puente que había hablado con León de la Riva y aseguró que «lo último» que desea «es perjudicar a alguien que ya está fuera de la política», pero recordó que ya dijo al asumir la alcaldía que por encima de su relación con el anterior regidor, que le «encantaría mantener», precisó, «está el interés de los vallisoletanos».

De su conversación con el ex alcalde dijo que entiende que «esté fastidiado» por un asunto «que no es bonito, no tiene buena pinta», pero matizó que la denuncia que se presentará en el juzgado «no va contra nadie», aunque consideró «evidente» que el firmante es el anterior regidor. Sobre la posible implicación de otros miembros del anterior equipo de gobierno, dijo que «habrá que ver quién estaba en la toma de decisiones».

La asesoría jurídica del Ayuntamiento aprecia hasta tres posibles delitos en la comfort letter firmada por León de la Riva: falsedad en documento, usurpación de funciones y prevaricación.

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