Diario de Valladolid

La escasa inversión en la red de agua obliga a gastar 178 M€ en 15 años

El Ayuntamiento duda entre asumir la gestión directa mediante una sociedad municipal o hacerlo con una empresa mixta

Sovacón tras la rotura de una tubería en la red de abastecimiento de agua en la calle Joaquín María Jalón, en La Rubia.-E. M.

Sovacón tras la rotura de una tubería en la red de abastecimiento de agua en la calle Joaquín María Jalón, en La Rubia.-E. M.

Publicado por
Fernando Martín
Valladolid

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El Ayuntamiento dará por concluido en julio de 2017 el sistema de concesión del ciclo del agua, abastecimiento, saneamiento y depuración, a una empresa privada, pero no está claro cuál será el modelo que adoptará: la gestión directa por el Consistorio o mediante una empresa mixta. Esta fórmula, la mixta, es por la que se decantó en su día el alcalde, mientras desde Valladolid Toma la Palabra se pretendía ir más allá. Falta por ver si el agua es fuente de conflicto en el equipo de gobierno.

Pero tanto si la decisión es asumir la gestión de forma directa mediante la creación de una sociedad municipal, al estilo de Auvasa, como si se opta por una empresa mixta, las dos fórmulas que sobre el papel tienen más posibilidades, los nuevos gestores deberán invertir 178 millones de euros en 15 años para mejorar el estado de la red. Y esta novedad condiciona la decisión.

Lo que está claro es que el objetivo es avanzar hacia una gestión pública del agua, pero el informe técnico y económico elaborado por un equipo de expertos sobre el estado de la red siembra las dudas sobre cuál es el modelo menos gravoso para las arcas municipales.

El informe en cuestión, que ayer presentaron el alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, revela que durante los 20 años de la concesión a Agualid, desde que en 1997 Javier León de la Riva privatizara el agua, el PP sólo invirtió en el mantenimiento de la red 27 millones de los 123 millones que recaudó como canon por la concesión. Un déficit de 96 millones que obliga ahora a realizar un esfuerzo suplementario en los próximos 15 años, hasta 2032, para invertir 178 millones de euros en las instalaciones. En realidad, para una puesta al día serían necesarios 232 millones, pero en el informe se considera que para una gestión sostenible del servicio la inversión debe limitarse a 178 millones. Eso sí, los 53,4 restantes deberían invertirse a partir de 2032. Yéste es el panorama en el que el Ayuntamiento debe decidir el nuevo modelo.

Puente cargó contra el PP, al que culpó por no haber dedicado el dinero del canon al mantenimiento y recordó que «un gobierno responsable debe hacer este tipo de inversiones por responsabilidad con las generaciones futuras». Puente añadió que los datos desvelados ahora en el informe son «un ejemplo más de la necesidad de transparencia: había necesidad de poner luz sobre muchas cosas y ésta es una de ellas».

Con este panorama por delante, la concejala de Medio Ambiente explicó las ventajas e inconvenientes de las cuatro opciones de gestión del ciclo del agua a partir de julio de 2017. En realidad se reducirían a tres dado que la concesión a una empresa privada, la fórmula vigente, está descartada. De las otras tres, en dos casos el Ayuntamiento asumiría la gestión directa, en uno mediante la creación de una empresa mercantil y en el otro sin un órgano especial. Sobre esta última, la gestión directa pero sin una empresa municipal, Sánchez apuntó como principales inconvenientes la existencia de problemas para subrogarse en la plantilla de Agualid, compuesta por 159 personas, 55 de ellas de ASVA, la empresa que gestionaba el agua antes de 1997. Y otro problema de calado. Al pasar la gestión del agua a formar parte del presupuesto municipal, las inversiones estarían condicionadas por el techo de gasto.

La edil dio por descontado que una de las condiciones, sea cuál sea la fórmula, será asumir la plantilla y en este punto la gestión directa mediante la creación de una empresa mercantil cien por cien municipal no parece ofrecer grandes dificultades. Ahora bien, dado que no son trabajadores municipales, tarde o temprano debería convocarse un concurso para cubrir las plazas. Y entre las ventajas que destacó Sánchez citó la posibilidad de autofinanciación de las inversiones. En cuanto a la gestión indirecta mediante una empresa mixta, el Ayuntamiento mantendría el control y sería el socio industrial el que debería aportar los sistemas tecnológicos, aunque estaría sujeta al impuesto de sociedades.

Todo apunta a que éstas dos últimas opciones son las que cuentan con más posibilidades, pero Sánchez dejó claro que no hay nada decidido. La concejala anunció la formación de una comisión política-técnica para estudiar las alternativas y se convocarán foros con asociaciones y entidades vecinales antes de que, en el pleno del próximo mes de julio, se tome la decisión definitiva.

El PP considera que el equipo de gobierno «recula»

El Grupo Municipal Popular defendió ayer el mantenimiento de la gestión del agua mediante concesión a una empresa privada por considerar que ha supuesto «un éxito» en estos 19 años. Mediante un comunicado, el PP negó el déficit de inversión de 96 millones de euros, que atribuyó a la presentación de «datos sesgados». Como prueba del éxito de la gestión, el PP recordó que «se dijo que se iba a encarecer el precio del agua y hoy Valladolid está entre los precios más baratos de España» y en cuanto a la eficiencia de la red «está cerca del 80% cuando, con la empresa pública ASVA (la antigua empresa) apenas superaba el 50%». Insistió el PP en criticar al equipo de gobierno por omitir muchas de las inversiones realizadas estos años y advirtió de que «no se ha dicho ni una palabra sobre si subirá el precio del agua a los usuarios». Desde el Grupo Popular no observaron una predilección por parte del equipo de gobierno hacia una de los cuatro opciones que hay sobre la mesa y, por el contrario, creyeron observar que el PSOE y Valladolid Toma la Palabra han «reculado» dado durante la campaña apostaban por una remunicipalización del servicio. El PP añadió que espera que la decisión que adopte en los próximos meses el equipo de Gobierno «obedezca, exclusivamente, a criterios de eficiencia en la prestación de un servicio público esencial como el del agua y no a planteamientos dogmáticos».

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