Los sindicatos piden ‘imitar’ a Francia en la ley contra las deslocalizaciones

Ante las crisis empresariales surgidas en la Comunidad durante las últimas semanas y entre las que destacan los cierres de Lauki y Dulciora, los sindicatos coincidieron en la necesidad de elevar a rango de ley el protocolo de actuación ante crisis empresariales firmado en enero, además de una necesaria «revisión y actualización». Así se lo hicieron llegar a la vicepresidenta y consejera de empleo de la Junta, Rosa Valdeón en la Permanente del Diálogo Social celebrada ayer.

«Elevar el protocolo a rango de ley no supone que las empresas se vayan», afirmó Vicente Andrés, responsable regional de Acción Sindical de CCOO y aseguró que «en países como Francia, que lo tienen, no hay empresas que se deslocalicen por este tipo de normas». Sin embargo la legislación francesa recoge a nivel estatal que si una multinacional de deslocaliza, «tiene que buscar una reindustrialización en la zona, bien aportando fondos, cediendo terrenos o reubicando trabajadores», una serie de medidas «que son obligatorias», aclaró.

La legislación estatal española no recoge ninguna ley sobre las deslocalizaciones -empresas con beneficios que deciden cerrar para emprender su actividad en otra zona-, por ello, los sindicatos presentes en la mesa del Diálogo Social, CCOO y UGT, prefieren «pájaro en mano» antes de «pasar la pelota al Gobierno de España», aunque admiten que «sería recomendable» una normativa estatal.

Piden que se eleve el protocolo a rango de ley autonómica, que tendría un carácter «voluntario», ya que son las competencias con las que cuenta la Comunidad. La vicepresidenta aclaró que como principio le «parece razonable», pero confirmó que es algo «complejo».

Los sindicatos se aferran a que unas normas de actuación elevadas a rango de ley «reforzarían su capacidad de persuasión y convencimiento hacia las empresas» y así «blindar el contenido de los acuerdos», en ello coincidió tanto Andrés como Evelio Angulo, responsable de Acción Sindical de UGT en Castilla y León.

Además, los sindicatos apostaron por llegar a un acuerdo con las empresas para no tener que pasar a la vía judicial. «Las deslocalizaciones entendemos que están permitidas en España por la vía de los acuerdos pero no por la vía judicial», puntualizó Andrés, por lo que aseguró que a las empresas les conviene negociar con los sindicatos para buscar una solución.

Valdeón lamentó que las deslocalizaciones sean «la parte negativa» del libre mercado y anunció que el gobierno autonómico apoyará a aquellos trabajadores que asuman las funciones como una cooperativa. «En el caso de empresas en las que los trabajadores decidieran asumir la actividad como cooperativas o con cualquier otra fórmula, tendrían no solo el apoyo económico de la administración, sino también ayuda en el asesoramiento y la puesta en marcha», explicó Valdeón, aunque aseguró que la intención de la Junta no es la de entrar en el accionariado ya que no creen «en la nacionalización de las empresas, sino en el compromiso de las instituciones».

Esta ayuda es una de las cuatro novedades que presentó ayer el gobierno autonómico, entre las que se encuentran las ayudas para sufragar cuotas de Seguridad Social, las prestaciones a trabajadores agrarios en periodos de suspensión de contratos o el incremento hasta el SMI para los que agoten sus prestaciones por ERES.

LOS EMPLEADOS EN ERE QUE AGOTEN SUS AYUDAS TENDRÁN SEIS MESES DE SMI

La Permanente del Diálogo Social presentó ayer cuatro novedades enmarcadas dentro de las líneas de ayudas para apoyar a los trabajadores afectados por las situaciones de empresas en crisis, entre ellas destaca la ayuda que recibirán aquellos trabajadores que se encuentren con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ya hayan agotado sus prestaciones económicas. «Ya no tienen desempleo y ya no cobran nada», explicaron los sindicatos CCOOy UGT, por se beneficiarán de una ayuda de seis meses equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Una «ayuda de emergencia» que principalmente beneficiará a trabajadores del sector minero, ubicados en su gran mayoría en las cuencas de León y Palencia, que como señaló la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, son cerca de 700 los que se encuentran en esta situación.

Todas las ayudas presentadas ayer «ya están en marcha, algunas de aplicación inmediata y otras en proceso», puntualizó Valdeón.

«LAUKI TIENE UNA SOLUCIÓN MÁS FACTIBLE PARA DULCIORA»

Los sindicatos UGT y CCOO presentes ayer en la Permanente del Diálogo Social se mostraron seguros de conseguir convencer a la multinacional francesa Lactalis para que se quede en Valladolid. Aseguraron que «aunque las consecuencias son las mismas -de los cierres de Lauki y Dulciora- los ámbitos para buscar una solución son distintos».

«La de Lauki tiene una solución quizás más factible por la inmediatez, la presión social y porque hay inversores interesados», afirmó el responsable de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, quien recordó que la noticia del cierre de la fábrica láctea para el 30 de junio «es solamente un anuncio, no una formalización» y afirmó que «no es casualidad que Dulciora cierre al calor de Lauki».

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de UGT, Evelio Angulo, recordó que «la fábrica de Valladolid es más competitiva que la de Villalba, que es la más competitiva de Galicia» e insistió en que para los sindicatos solo hay un «plan A, que Lauki se quede».