Los trabajadores plantean incluso una cooperativa para salvar Lauki
La Junta intentará que Lactalis recule o que un nuevo comprador mantenga la actividad
De momento es sólo un planteamiento, pero los trabajadores no descartan impulsar una cooperativa para anclar Lauki a la ciudad y evitar así el cierre sentenciado por Lactalis, la multinacional propietaria de la histórica planta. «Hemos puesto la idea encima de la mesa; habrá que estudiarlo», explica con prudencia José Manuel González, presidente del comité de empresa, al apostillar que será la plantilla en asamblea la que, llegado el caso, debata esta posibilidad.
Antes de eso, exploran otras vías. La primera, intentar que la compañía francesa recule en su intención de clausurar la factoría. Para ello los trabajadores cuentan con la Junta como aliada. Durante una reunión con los representantes de los trabajadores, se comprometió ayer a interceder para «intentar convencer» a Lactalis de que mantenga su actividad en Valladolid, según relató el representante sindical tras un encuentro con el director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria, Jorge Morro, y la directora general de Trabajo, Amparo Sanz, al que se incorporó la consejera de Agricultura, Milagros Marcos.
El segundo cartucho de la plantilla es buscar otro propietario, un comprador, un empresario que dé continuidad a este proyecto «rentable». Y aquí es donde disparan unos números que son su mejor artillería:casi dos millones de euros en beneficios antes de impuestos el año pasado, con una facturación de 54 millones. «Si Lactalis no quiere seguir, que sea otra empresa la que continúe», agrega González.
En esa búsqueda también contarán con la ayuda de la Administración autonómica, que se ha puesto «manos a la obra» para persuadir a la multinacional, agregó el portavoz sindical. No las tiene todas consigo, ya que, según destaca, la empresa ha demostrado su «prepotencia» al jactarse de que «es un empresa privada que viene a cerrar y la administración no tiene nada que decir».
Por la tarde, la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, explicó que el mantenimiento de la fábrica es «un objetivo irrenunciable» para la Administración autonómica, sin descartar «la posibilidad de que sea otra empresa» la que asuma su continuidad, dado que el futuro de la planta «es viable» y «no hay causa objetiva que justifique» el cierre, informa E.P.
El encuentro del comité con la Junta fue ayer el último de la maratoniana jornada de reuniones que celebraron los representantes de los trabajadores. Por la mañana, en las Cortes, se sentaron con representantes de Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular, después de que la semana anterior lo hicieran con el PSOE e Izquierda Unida.
Todos los grupos expresaron su respaldo para combatir un cierre que dejaría en la estacada a cerca de 90 familias y se comprometieron a instar a la Administración autonómica a evitar que se consume el cerrojazo. «Les hemos pedido coordinación, que no usen nuestra situación con fines políticos, que estemos todos a una», indicó el representante de los trabajadores. En un comunicado, el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, consideró que la Junta debe «tomar medidas» para que no se produzca un «desmantelamiento» que acarrearía una «cascada de consecuencias negativas».
La crisis de Lauki también se coló en el Ayuntamiento de Valladolid, durante la sesión plenaria, con la propuesta del Grupo Popular para incluir una declaración institucional a favor del empleo en esta factoría. El alcalde, Óscar Puente, rechazó esa propuesta. Primero, porque el reglamento no permite añadir nuevos puntos del día en una sesión extraordinaria, como era el caso. Y segundo, argumentando que «no es momento de declaraciones institucionales, sino de trabajar todos para evitar el cierre». Así, emplazó a los populares a «ayudar» reclamando la intervención de su «compañera» la ministra en funciones de Agricultura, Isabel García Tejerina. El presidente del PP, Antonio Martínez Bermejo, por su parte, recordó que la agonía de Lauki comenzó cuando Lactalis adquirió Puleva, una compra «permitida» por el Gobierno de Zapatero.
Por su parte, la comisión permanente del consejo para el Dialogo Social reclamó a Lactalis una actitud «socialmente responsable y comprometida», según reza una declaración consensuada y remitida por la Junta