El informe del secretario municipal avala la rebaja salarial a 15 ediles

El recorte salarial a los concejales, en realidad de la indemnización de 11.008 euros por asistencia a los plenos, aprobado el pasado mes de diciembre a iniciativa del PSOE y objeto de un recurso presentado por el PP, el grupo con más afectados -nueve-, entra dentro de las atribuciones del plenario y no reviste carácter discriminatorio entre las percepciones de los tres ediles con dedicación exclusiva en otra institución, que pasarán a cobrar un euro al mes, y los otros 12 perjudicados, que percibirán un mínimo de 2.750 euros mensuales y a partir de ahí verán incrementada su retribución en función de los ingresos por su trabajo fuera del Ayuntamiento.

El recorte salarial a los concejales fue la respuesta del Grupo Socialista a la rebaja de uno 6.000 euros al alcalde, Óscar Puente, promovida por el PP y propiciada por la abstención de Sí se Puede.

Ahora, el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, en un informe solicitado por el PP ante la dudosa legalidad del acuerdo adoptado en el pleno, no encuentra reproche legal, considera que el acuerdo «está motivado» al perseguir como finalidad «un político, un sueldo» y añade que «donde la ley no limita ni prohíbe» el pleno «puede hacer uso de criterios políticos y de sensibilidad social» para fijar las retribuciones.

El secretario entra a analizar punto por punto el acuerdo con un amplio despliegue de jurisprudencia y empieza por tratar de acotar el margen del pleno para fijar lo que ha de percibir un concejal por asistencia a pleno.

Los 15 concejales afectados, 9 del PP, 2 de Sí se Puede, 1 de Valladolid Toma la Palabra, 1 del PSOE, 1 de Ciudadanos y el edil no adscrito Jesús Presencio, todos ellos ediles ‘rasos’, sin dedicación exclusiva ni portavocía, percibían una indemnización de 11.008 euros anuales por asistir a los plenos.

Y el secretario general, en el escrito enviado ayer a los portavoces de los grupos, señala que la ley se limita a disponer que «percibirán», pero si entrar en máximos o mínimos ni establecer reglas para fijar una cuantía. Ante la falta de criterios en la legislación, considera el secretario del Ayuntamiento que «debe primera la autonomía municipal ejercida responsablemente».

Quizá uno de los aspectos de más enjundia analizados en el informe, por la trascendencia y lo llamativo de la rebaja, es la posible existencia de un trato discriminatorio entre los tres ediles que cobrarán un euro al mes por tener dedicación exclusiva en otra administración y los doce restantes. En el primer casos están, José Julio Carnero, del PP, presidente de la Diputación, Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos en la institución provincial, y el también diputado Héctor Gallego, de Sí se Puede. En un lenguaje muy medido, Merino matiza que no cualquier tratamiento diferenciado «constituye sin más una discriminación» y en el caso concreto del trato distinto entre los ediles que tienen dedicación exclusiva en otra institución y los otros 12 perjudicados, sostiene que, «en apariencia», este doble rasero «tiene una justificación no exenta de razonabilidad».

Recuerda que «está legalmente prohibida la percepción de dos sueldos o retribuciones», pero sí se admite la posibilidad de recibir un sueldo de una administración y una percepción por asistencia en otra, pero advierte de que la ley no dice nada sobre cuál debe ser ésta. El equipo de gobierno argumentó, para defender la rebaja, la necesidad de evitar que alguien percibiera dos sueldos de la administración pública. El secretario sostiene que este argumento implica «una finalidad y una motivación política que no deben ser enjuiciadas desde el punto de vista jurídico».

Tampoco aprecia ilegalidad alguna en la fijación de un mínimo de 2.750 euros por asistencia a los plenos para los 12 ediles sin dedicación exclusiva y una cantidad a mayores por los perjuicios, debidamente justificados, que les pueda causar en su trabajo su dedicación municipal.

En cuanto a la publicación de la agenda de todos los concejales -ahora sólo lo hacen los miembros del equipo de gobierno- deja claro que es una obligación política derivada del acuerdo, pero que su incumplimiento no supondrá sanción alguna.

Para el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, el informe del secretario confirma «que no hay ninguna irregularidad» en el acuerdo alcanzado en su día y no entra «en cuestiones políticas». Para la portavoz de Valladolid Toma la Palabra,María Sánchez, mostró sus satisfacción por cuanto ratifica que «no se debe cobrar dos veces por tareas que vienen del mismo voto ciudadanos».

Pese a reiteradas llamadas no fue posible conocer la opinión del portavoz del PP, Jesús Enríquez, y de Ciudadanos, Pilar Vicente.