Fiscalía pide 248 años para los 31 traficantes de la ‘Operación Yogur’

Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman 248 años de cárcel y multas por importe total de 5.893.745 euros para treinta y una personas detenidas el pasado mes de junio en el marco de la ‘Operación Yogur’ contra el tráfico de drogas desplegada en cuatro provincias de Castilla y León y que permitió desmantelar en Roa de Duero (Burgos) el mayor laboratorio de speed descubierto en la Comunidad en la que puede considerarse una de las operaciones policiales con una mayor y eficaz coordinación hasta la fecha.

En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública considera que los hechos, que serán objeto de un ‘macrojuicio’ en la Audiencia Provincial, son constitutivos de tres delitos de tráfico de drogas –de las que causan grave daño a la salud, las que no causan grave daño y con la agravante de notoria importancia–, así como de otro de pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas y de moneda falsa para su distribución.

Así, a la treintena de procesados, buena parte de ellos con antecedentes por tráfico de drogas, les atribuye en parte tales delitos, de forma que las penas para cada uno de ellos oscilan entre los dos años y diez meses de prisión para aquellos con menos responsabilidad, hasta los casi once años, con multas individuales de 400.000 y 849.000 euros, e incluso los doce años de privación de libertad solicitados para Rubén S.Ch. (alias ‘Java’), a quien se pide igualmente una sanción de 600.000 euros.

En el marco de esta macrorredada se llevó a cabo una treintena de registros domiciliarios en Palencia, Valladolid, León y Burgos, se incautaron 229.200 euros en efectivo –parte de ello falsificado–, 170 kilos de hachís, 24 kilos de speed, dos de ketamina, 1,8 kilos de cocaína y diversas cantidades de MDMA, heroína y LSD, una docena de vehículos y diversas armas, además de grilletes, pistolas Taser –de descarga eléctrica– y munición.

Desde el laboratorio ubicado en Roa se preveía de droga a compradores de Valladolid, León, Palencia, Medina del Campo, Sahagún, Pedrajas, Mojados o Villamuriel, entre otras localidades.

La operación, desarrollada en varias fases, está considerada como una de las mayores llevadas a cabo en Castilla y León contra el tráfico de estupefacientes, según explicó en su momento el delegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En el caso de la capital vallisoletana, la policía detuvo a numerosas personas, y algunos de los registros practicados se localizaron en el Barrio de España, Rondilla –en concreto en la calle Soto– y La Overuela.

En este último barrio se arrestó en un piso de la calle Las Cortes a distintos integrantes del ‘clan de los mercheros’ o de ‘los gatos’, como José María M.L, apodado ‘Gato’; su esposa Raquel G.C, del clan de los García Carro, y su hijo José Antonio M.G. (’Lolo’), y junto a ellos un hermano del primero, Ángel Miguel M.L, con domicilio en la calle Tierra Baja.

En el caso de Palencia, existía un grupo que no tenía en su poder droga pero coordinaba y gestionaba la organización, mientras que en Valladolid existía un punto de almacenaje muy importante desde donde se distribuía, según explicaron en su día fuentes policiales.

Las primeras pesquisas se iniciaron en el mes de enero, cuando se descubrió a varias personas que realizaban actividades de prostitución y venta de droga ‘al menudeo’, desde el que se llegó al punto de partida de la droga, ubicado en un chalé de lujo de Roa de Duero (Burgos), en cuya bodega se localizaba el foco principal de producción de droga.

El grupo contaba con productos como éter, acetona o alcohol, que no forman parte de las sustancias de corte, sino que sirven para la elaboración de procesos químicos relacionados con las drogas. Precisamente en Roa es donde se ocuparon 13 kilogramos de ‘speed’ y más de 30 kilos de precursores para la elaboración de la sustancia estupefaciente, arcones, prensas y envasadoras de vacío, termoselladoras, mascarillas y otros útiles.

Los indicios apuntaron a la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y ramificada en cuatro provincias en las que operaba un grupo con un meticuloso reparto de tareas entre sus integrantes que funcionaba con una jerarquía muy definida –desde el ‘machaca’ con funciones de ayudante y conductor hasta los que dirigían al resto, los que mas poder adquisitivo tenían– y utilizaba medidas de seguridad y costosos dispositivos para realizar labores de contravilgilancia que, por fortuna, no lograron impedir la acción de los agentes.