DIPUTACIÓN
La Diputación aprueba una proposición en defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España
La institución provincial solicitará cambios en la Ley de Protección Ciudadana
Los grupos políticos de la Diputación de Valladolid, PP, PSOE y Ciudadanos, aprobaron en el Pleno una proposición para la defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España, una proposición de los 'populares', que aceptaron las modificaciones planteadas por socialistas y C´s.
Tras renunciar a petición de los diputados socialistas a la parte expositiva del texto, la proposición pide la implicación de los poderes públicos, de las administraciones y de la sociedad civil para poner en valor la cohesión y unidad de España, la fortaleza democrática de las instituciones, la soberanía nacional y el Estado de Derecho, y pide el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, propuestas en el texto inicial de la proposición del grupo popular.
Además, a propuesta de la diputada de Ciudadanos, la proposición incorpora dos nuevos puntos para que ningún parlamento, gobierno o institución política pueda desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, las resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la soberanía nacional.
Finalmente, el documento expresa la solidaridad con los ciudadanos de Cataluña ante”la intención de algunas fuerzas políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales”.
En defensa de los refugiados
Las cinco formaciones políticas de la Diputación sumaron esfuerzos para defender la situación de los refugiados a través de una proposición conjunta denominado 'Para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de Estado'. La proposición insta al Gobierno de España y a la Unión Europea a que tengan una “verdadera política europea común e integral que cuente con suficientes recursos financieros”. Solicita igualmente a que se refuerce la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante las situaciones de emergencia.
Por otro lado, la corporación provincial en Pleno aprobó la proposición conjunta en apoyo a los alcaldes, concejales y demás cargos públicos ante cualquier amenaza e insulto en el ejercicio de su cargo “rechazando absolutamente todas las manifestaciones de violencia, insultos, amenazas y coacciones, cualesquiera que fuese su origen”.
Programa de inversiones en los núcleos agregados
También hubo unanimidad en la proposición del grupo Toma la Palabra. Todos los diputados votaron a favor del compromiso de que “la Diputación Provincial mantendrá durante toda la legislatura el Programa de Inversiones en los Núcleos Agregados, al menos en las mismas condiciones económicas que en el actual ejercicio”
Ley de Protección Ciudadana
El Pleno de la Diputación aprobó la proposición de la portavoz del grupo socialista solicitando la derogación de algunos artículos de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Con el voto en contra del Grupo Popular, que previamente había solicitado en el Pleno la retirada de la proposición a la espera del fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley, y con el apoyo de las demás formaciones políticas, salió adelante la propuesta del PSOE “instando al Gobierno de la Nación a derogar todos aquellos artículos de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que limiten los derechos de Protección de Seguridad Ciudadana que limiten los derechos fundamentales y supongan retroceder en la separación de poderes”.
El Pleno expresó, igualmente, por mayoría su condena a cualquier “estrategia de confusión electoral, a través del mimetismo de los símbolos y marcas electorales de otras formaciones políticas”. Los diputados del Grupo Popular y Toma la palabra apoyaron la proposición presentada por la diputada de Ciudadanos.
Por último, salió adelante por unanimidad la proposición presentada por el grupo Si Se Puede bajo la denominación ‘Por una Ley de Cuentas Abiertas para las Administraciones Publicas’, tras aceptar algunas modificaciones propuestas por los grupos Popular y Socialista. Los primeros echaban en falta una referencia a los límites que impone la Ley de Protección de Datos que finalmente se incorporó al nuevo texto, mientras los socialistas pidieron que desapareciera del enunciado, “por su carga peyorativa”, el término ‘manipulables’ referido a los datos publicados que se resolvió con una nueva redacción.