Carnero se alegra de la decisión de que no haya tesoreros en los pequeños municipios

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se congratuló de que el Gobierno haya dado marcha atrás “y rectifique, ya que es de sabios”, al dejar sin efecto la exigencia prevista anteriormente por la que los municipios de menos de 20.000 habitantes tuvieran que contar con un funcionario tesorero a partir del año 2016. “No hay nada más que hablar con los alcaldes de la ciudad para ver lo contentos que están”, aseguró.

“Lo lógico es facilitar que puedan ser los secretarios-interventores de cada ayuntamiento los que pueda realizar las labores de tesorería y vamos a esperar ahora a ver como se desarrolla el texto normativo que lo regulará”, dijo. En este sentido, Carnero añadió que lo que se pretendía implantar “estaba dando muchísimos problemas en algunos ayuntamientos”, lo que motivó que la Diputación consultara al Ministerio “ya que no se acaba de ver cómo aplicar lo que se exigía”.

La decisión de rectificar permite atribuir el ejercicio de las funciones de tesorería a la subescala de secretaria-intervención, que actualmente cuenta con funcionarios en todos los municipios de la provincia. El proyecto inicial implicaba el desempeño de las funciones de tesorería por nuevos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, mientras que con esta nueva solución podrán ser ejercidas por los funcionarios ya existentes de la subescala de Secretaria-Intervención.

El contenido íntegro del acuerdo se conocerá tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto Ley de Medidas para los empleados públicos, créditos extraordinarios y otras acciones de estimulo de la economía, que recoge la modificación de la Ley de bases de régimen local. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya recibió la petición de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, de no aplicar la medida durante su reciente visita a la capital palentina con motivo de sus fiestas patronales y luego fue el Consejo de Ministros del pasado 11 de septiembre el que rectificó la exigencia inicial.