PGE
El Campus de la Justicia recibe 400.000 euros
El Ministerio vuelve a retrasar un año el plazo para finalizar las obras, ahora fijado en 2019
El Campus de la Justicia lleva tres años recibiendo asignaciones presupuestarias simbólicas que, de momento, no han servido para atisbar la futura sede. Fueron 200.000 euros en las cuentas de 2014, 300.0000 gracias a una enmienda en 2015 y el próximo año serán 400.000.
La cantidad sigue sin ser muy generosa pero, de ejecutarse, podría servir para comenzar por fin un proyecto cuyo coste total roza los 7,4 millones. Las partidas más cuantiosas se postergan para 2017 (casi 1,5 millones), 2018 (2,17) y 2019 (otros 2), según el proyecto de Presupuestos, que vuelve a retrasar un año la inauguración, ahora prevista para 2019.
La falta de fondos en los últimos ejercicios ha retrasado este proyecto, llamado a unificar las sedes judiciales de Valladolid, y que tras las elecciones municipales perfila su nueva ubicación en El Salvador. Ayer mismo, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, anunció que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ubicar la sede en el antiguo colegio podría salir adelante en el primer pleno de septiembre.
De cumplirse el plazo contemplado en los presupuestos, el fin de las obras se adelantaría un año respecto a la previsión anunciada la semana pasada por el ministro Rafael Catalá, quien auguró que el Campus de la Justicia se demoraría a 2020 de ubicarse en El Salvador, mientras que en el barrio de Girón –emplazamiento defendido por los populares– podría estar listo a más tardar en 2018.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid interpretó estas partidas presupuestarias como «una clara voluntad del Gobierno de España» de llevar adelante la Ciudad de la Justicia «a pesar de las dudas planteadas por el equipo de Gobierno sobre la ubicación, que podría poner en peligro su continuidad, y a pesar de la escasez de recursos de inversión en el actual escenario de salida de la crisis».