Sin solución salomónica para el Campus

El nuevo Ejecutivo municipal tiene a gala el que los medios de comunicación conocen su agenda. Pero el miércoles de la semana pasada existió una reunión en la ‘sombra’ promovida por el alcalde Óscar Puente y el teniente de alcalde, Manuel Saravia, para intentar convencer al presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, y al juez decano, Ignacio Segoviano, de las razones del Ayuntamiento para no apoyar el Campus de la Justicia en Villa del Prado, tal y como apuestan estos dos magistrados y el Ministerio de Justicia, y, en cambio, proponer como alternativa el antiguo Colegio El Salvador, en San Pablo.

No hubo convocatoria a los medios, ni revelaron el momento del encuentro. Nadie esperaba que la reunión fuera bien ni aunque hubiera estado presente el mismo Rey Salomón ya que no cabe dividir más el cuerpo de la justicia desmembrado en nueve edificios y ocho calles de la ciudad: Angustias (Palacio de Justicia y, enfrente, juzgados de Instrucción, Penal, Familia, Violencia sobre la Mujer, Vigilancia Penitenciaria, Registro Civil, Servicio de Notificación y Embargos, Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y los colegios profesionales de abogados y procuradores), Especería (Representante del Poder Judicial), paseo del Hospital Militar (Gerencia Territorial de Justicia), García Morato (Fiscalía y Juzgado de Menores), Nicolás Salmerón (juzgados de Primera Instancia y Mercantil); Plaza del Rosarillo (juzgados de lo Social), San José (juzgados de Contencioso) y Paseo del Arco Ladrillo (Clínica Forense y Equipo Psicosocial). El dilema es si unirlo todo en un edificio de Villa del Prado o aproximarlo todo en cuatro edificios del centro.

Traición

Ya el ambiente de la reunión no era propicio. Trebolle tiene un enfado monumental por la traición de Puente y Saravia, dos personas a las que consideraba sus amigos. «Óscar y Manolo siempre tuvieron esa puerta abierta», declaró Trebolle a este periódico señalando la entrada de su despacho. «Y luego me tengo enterar por la prensa de este giro imposible e incoherente cuando las obras en Villa del Prado iban a dar comienzo este año», añadió.

Que Saravia, a través de este periódico el pasado día 17 de julio, pidiera disculpas públicamente a Trebolle por no haberle informado, no alteró la cuestión de fondo. Alcalde y teniente alcalde explicaron a los magistrados su postura. No concederán la permutación de la parcela de Villa del Prado por el edificio de los juzgados en Angustias a pesar de lo pactado por la anterior corporación. Eso no se formalizó con una escritura, por lo que no existe ninguna obligación. El centro se está desertizando de funcionarios y ello lleva aparejado la caída de la actividad comercial, tal y como revela un reciente estudio de la Confederación Vallisoletana de Empresarios.

La solución, insistieron los ediles, pasaría por adquirir el antiguo edificio del Colegio El Salvador para albergar las dependencias judiciales alejadas de la calle Angustias, obligando, con una recalificación de la finca como sistema general, a que los dueños aceptaran un precio razonable. Además, pedirán a la Junta que ceda parte del antiguo Hospital Río Hortega, anexo a El Salvador, para albergar a los forenses. Aunque el Ministerio de Justicia se había manifestado en contra dos días antes, esperaban convencerles de que era una opción más rápida y barata. Puente, como abogado, podía asegurar que su colectivo, al menos, no quiere moverse del centro donde tiene la mayoría de sus despachos, como así lo ratifica el decano de su Colegio, Jesús Verdugo.

Sin espacio

Manuel Saravia explicó la reacción de los dos magistrados: «Inflexible. Un día antes nos habíamos reunido con representantes de Ministerio y fueron mucho más receptivos».

El juez decano le da la razón en cuanto a esa inflexibilidad. «¿Qué esperaban de nosotros? Con su postura nos condenan a una justicia del siglo XIX, en donde no hay sitio, ni espacios, ni recorridos diferenciados y racionales para cada sección. El sistema de Nueva Oficina Judicial necesita una dependencia para medio centenar de funcionarios. No cabemos y eso es irrebatible y pagamos millón y medio en alquileres.».

Trebolle y Segoviano arguyeron que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una visita a Valladolid el 30 de marzo, comprometió 37 millones de euros hasta 2020 para un edificio de 15.255 metros en dos fases, cuyas obras comenzarían a finales de año. Pero Puente y Saravia no se fían de que ese proyecto se lleve a cabo y pusieron sobre la mesa el fundamento de sus sospechas: el hecho de haberse tardado diez años y de que el presupuesto de este año sea de 200.000 euros, conseguidos tras una iniciativa del grupo PP en el Senado, ya que a Montoro se le había olvidado por completo el Campus de la Justicia de Valladolid.

Puente y Saravia intentaron ‘vender’ a Trebolle y Segoviano que, precisamente con un Ayuntamiento implicado, el Ministerio no podría evadirse de realizar la inversión. Segoviano teme que el espíritu de Salomón, ausente en la reunión de Valladolid, esté, sin embargo, en el Ministerio: «Suya es la inversión, así que es probable que ante este lío, den carpetazo y todos nos quedemos sin Campus de la Justicia».

El próximo capítulo de este culebrón del campus llega esta semana, con la reunión de Saravia con los dueños de El Salvador. Tampoco se espera que haya fotógrafos.