Diario de Valladolid

Justicia desconoce el plan municipal para llevar los juzgados al Salvador

El presidente de la Audiencia Provincial asegura que el desconcierto en el Ministerio es «total» y que el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto Z Trebolle afirma que a él tampoco le han informado

Entrada principal al edificio, ahora vacío, del Colegio El Salvador en la Plaza de San Pablo.-J.M. Lostau

Entrada principal al edificio, ahora vacío, del Colegio El Salvador en la Plaza de San Pablo.-J.M. Lostau

Miguel Ángel Vergaz
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Miguel A. Vergaz

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El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, asegura que los próximos días son cruciales para perder de manera definitiva el proyecto del Campus de la Justicia. Según conversaciones que ha mantenido con miembros del Ministerio de Justicia, el desconcierto es «total», afirmó en declaraciones a este periódico, ya que allí desconocen el plan municipal para usar el edificio del antiguo Colegio El Salvador en la Plaza San Pablo.

En estos momentos, la Secretaría de Obras y Patrimonio del Ministerio prepara el borrador para los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que deberían dotar de viabilidad al Campus, y Valladolid aparece con un interrogante a causa de la postura del nuevo equipo de Gobierno municipal de rechazar el proyecto acordado en Villa del Prado con el anterior alcalde, Javier León de la Riva. Trebolle está seguro de que «de no aclararse la situación, el proyecto será apartado en favor de otras ciudades».

El presidente de la Audiencia Provincial reprocha la falta de comunicación del Ayuntamiento. Asegura que ni el alcalde, Óscar Puente, ni el teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Manuel Saravia, se han puesto en contacto con él, a pesar de que el alcalde, el pasado 15 de junio, aseguró ante la prensa que sí hablarían con él.

«En una corporación que presume de dialogante y de estar abierta a las opiniones de todos, ni la mía, ni la del Ministerio parece importarles lo más mínimo», indicó a este periódico Trebolle.

«Por ahora, con el Campus de la Justicia, el Ayuntamiento se ha preocupado de los intereses de los comerciantes del centro, pero no, parece ser, de los de la propia Administración de Justicia», señaló, en referencia al apoyo recibido por el Ayuntamiento de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE). El pasado 29 de junio su presidenta felicitó a la nueva corporación por «frenar» la marcha de los funcionarios de la zona centro que perjudica al pequeño comercio, como se había demostrado con el reciente traslado de la sede del Ministerio de Hacienda de la Plaza Madrid a Villa del Prado.

Tras casi una década capitaneando la reclamación para centralizar las distintas dependencias judiciales dispersas en nueve sedes, Trebolle siente que se la ha apartado de la realización del Campus cuando estaba al alcance de la mano.

El proyecto había sido diseñado y aprobado y tenía fecha de conclusión en 2020, si bien en una primera fase, en 2018, podrían pasar a las nuevas instalaciones aquellos organismos judiciales cuyas dependencias están en régimen de alquiler y generan un gasto de 1,5 millones de euros al año.

Además, el Ministerio de Justicia había comprometido una inversión total de 32 millones de euros –tal como recordó en una visita de presentación del proyecto del ministro Rafael Catalá el pasado 30 de marzo– con una pequeña cantidad inicial de 300.000 para arrancar los trabajos de acondicionamiento en la parcela de Villa del Prado, que el Ayuntamiento acordó permutar con el Ministerio a cambio del edificio de los juzgados de la calle Angustias.

Pero la falta de unas escrituras que ratificaran esa permuta ha permitido al nuevo equipo de Gobierno cambiar de opinión, si bien tanto Trebolle, como el juez decano de Valladolid, Ignacio Segoviano, se atienen a la decisión tomada por el pleno del Ayuntamiento hace cinco años «como un acto administrativo firme».

El presidente de la Audiencia considera «absurda» la decisión unilateral del Ayuntamiento de retomar la posibilidad de ocupar el edificio del que fuera el Colegio de El Salvador, «que fue rechazada hace años por el ministro socialista Bermejo y ahora, para mayor incoherencia, rescatada por un alcalde socialista».

«Está claro que el Ayuntamiento puede impedir la construcción del Campus, pero no imponer al Ministerio, que es el que paga, cual es la opción ideal», señaló Trebolle. Lo cierto es que este periódico no ha podido recabar de primera mano la postura del Ministerio de Justicia desde donde se elude responder desde el pasado 15 de junio.

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