Afectados por la Hepatitis C se concentrarán para exigir que no haya retrasos en los tratamientos

La Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Valladolid ha convocado una concentración para mañana sábado, 14 de febrero, a las 12 horas en la plaza Fuente Dorada. El objetivo, según señalaron en un comunicado, se centra en unir sus fuerzas en la lucha contra “los retrasos y las dificultades planteadas por las instancias y administraciones competentes a los pacientes que necesitan acceder a nuevos tratamientos vitales”.

El colectivo señaló además que defiende la sanidad pública, de calidad y gratuita, como un derecho fundamental, al tiempo que apuntó que reivindica que se administre los tratamientos de última generación a todos y todas las enfermas y diagnosticados con la Hepatitis C, “sin restricción de ningún tipo”. En este mismo sentido exigió que las autoridades sanitarias se responsabilicen del diagnóstico de las personas afectadas, para que puedan ser tratadas (900.000 según estimaciones para todo el Estado).

Asimismo los afectados aludieron a la responsabilidad del Ministerio, “que ha permitido que desde el mes de enero de 2014 murieran 2.500 personas por denegárseles el acceso a estos nuevos tratamientos. Por ello del Gobierno de España pidieron que proceda a la aprobación de una partida presupuestaria extraordinaria para que se suministre el tratamiento de última generación – que ya está incorporado al Sistema Nacional de Salud – inmediatamente a los 35.000 afectados por la hepatitis C “cuyas vidas están en serio peligro, y posteriormente, a la totalidad de los afectados diagnosticados”.

Finalmente, la Plataforma vallisoletana indicó que el Gobierno –ante una situación de emergencia para la salud pública como la que existe hoy en España, donde mueren 12 personas diarias por hepatitis C – pueda hacer uso de la propiedad intelectual de los fármacos de última generación. Al respecto cree que no debe recibir el consentimiento de los propietarios de los derechos, emitiendo licencias obligatorias que permitan el uso de los fármacos patentados sin el consentimiento de los propietarios de las patentes bajo premisa de interés público.