Urbanismo deja caducar por cuarta vez una multa de 1,2 millones

Era la cuarta vez que el Ayuntamiento incoaba el expediente sancionador, por importe de 1,2 millones de euros, contra el arquitecto que dirigió las obras de derribo de dos fachadas catalogadas en la calle Labradores en mayo de 2009 para cobrar la multa, pero tampoco fue la vencida.

Después de tres intentos anteriores fallidos, en todos los casos por caducidad del expediente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, en una sentencia del pasado día 21, anula el último expediente sancionador aprobado en la junta de gobierno del Ayuntamiento el 4 de octubre 2013, el cuarto, por la misma razón que en las tres ocasiones anteriores: por haber transcurrido el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento sancionador sin haber notificado la resolución al multado. Fue el Grupo Municipal Socialista el que dio a conocer el miércoles el nuevo fallo, con la petición de dimisión incluida para la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal. «Sólo cabe dos posibilidades: pura desidia o una intención deliberada de exonerar de la sanción al sancionado», dijo el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

Según recoge la sentencia, fue el 5 de abril de 2013 cuando se abrió, por cuarta vez, el expediente sancionador contra A. A. G. por la comisión de dos infracciones urbanísticas muy graves, castigadas con 600.000 euros cada una, tras el derribo de dos inmuebles de la calle Labradores, los números 37 y 39, catalogados en el PGOUcon protección P4. El plazo para notificarle la resolución terminó el 5 de octubre de ese año, aunque el sancionado no recibió la notificación oficial hasta el día 10.

Dato curioso, en sus alegaciones el Ayuntamiento presentó un justificante para demostrar que envió la resolución el 3 de octubre, un día antes de que la junta de gobierno municipal aprobase el nuevo expediente sancionador, probablemente al comprobar que expiraba el plazo, pero el juzgado considera que la notificación no tiene validez legal ya que se hizo antes de estar aprobado.

En consecuencia, declara «caducado» el expediente sancionador una vez más e impone las costas al Ayuntamiento, una sentencia contra la que se puede recurrir ante el mismo juzgado en el plazo de 15 días.

La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, admitió el miércoles la caducidad de este cuarto expediente y dijo que era la sentencia que «se esperaba», aunque matizó que «no es firme». En descargo de su departamento, señaló que «hay innumerables directrices en la dirección de área para que no caduque ningún expediente y se haga en tiempo y forma», pero añadió que «es algo que excede a la concejala y no se puede estar con el látigo detrás de los funcionarios para ver si se cumplen los plazos».

Aseguró que confía «en el trabajo de los técnicos municipales y en que no piensa dimitir, como le pidió el PSOE, dijo que confía también en que «la oposición no se ponga de parte del infractor».

El de la calle Labradores es un viejo asunto que lleva ya en los tribunales más de cuatro años y por el que también está sancionada la empresa promotora, Eurocosmos, con la misma cantidad, 1,2 millones, también recurrida. El plazo legal para la prescripción de la multa es de cuatro años, tiempo durante el cual, como ocurre en este caso, el expediente puede incoarse varias veces si, bien por no comunicarse al sancionado en el periodo de seis meses o por una decisión administrativa o judicial, se declara su nulidad.

Puente advirtió del riesgo de que no se cobren los 2,4 millones de euros que suman la sanción al arquitecto y a la empresa Eurocosmos y dijo que «la ciudad nopuede perder este dinero cuando a los ciudadanos se les aprietan las clavijas porque dicen que no hay dinero».

Tras pedir al alcalde, Javier León de la Riva, «el cese inmediato» de la concejala, añadió que estudiarán si hay algún cauce legal para exigirle responsabilidades pecuniarias ya que no asume responsabilidades políticas».