La Airef mete miedo

SIEMPRE hay algún cenizo empeñado en amargarnos la vida. En una economía como la española basada en el consumo interno y en los servicios sobran organismos, nacionales y regionales, empeñados en justificar su existencia elaborando informes que anticipan todo tipo de desgracias, crisis, recesiones e incertidumbres económicas que provocan la contracción del consumo en perjuicio del crecimiento económico. En una economía en la que el peso del sector industrial y productivo es tan reducido en nada benefician este tipo de oráculos del pesimismo permanente que cada vez tiene menos crédito.

Menos mal que, desde la pandemia del covid, los ciudadanos se han acostumbrado a pasar olímpicamente de estos gurús de la adivinación instalados en augurios tan catastróficos como desacertados. Normalmente no dan una y ya nadie les hace ningún caso. Se llama credibilidad. En esta ocasión, es la Autoridad supuestamente Independiente de Responsabilidad Fiscal la que se complace en anunciarnos las terribles consecuencias de la incertidumbre económica en el actual panorama global de guerra comercial. Advierte la AIREF a Castilla y León que debe vigilar su ejecución presupuestaria en cuanto a las estimaciones de crecimiento de gasto computable recomendando medidas correctoras al tiempo que avisa del riesgo de incremento de déficit público situado en torno al 0,1%.

Frente a los agoreros del miedo, los verdaderos actores de las políticas financieras de las administraciones públicas en todo el mundo sitúan a Castilla y León en una posición óptima en lo que se refiere a las posibilidades de financiación de sus políticas públicas. De hecho, la agencia de calificación financiera Moody’s ha destacado recientemente la sólida capacidad de pago de Castilla y León y, precisamente, el alto nivel de ejecución presupuestaria de la Administración regional a la que otorga la máxima calificación financiera.

Pese a ello debería evitar el Gobierno regional caer en las tentaciones del excesivo endeudamiento público alejándose de los escandalosos niveles de deuda de la Administración central que han colocado al Estado al borde del abismo financiero durante estos años de Gobierno socialista. Los últimos datos del Banco de España cifran la deuda pública de España nada menos que en 1,63 billones de euros, que equivale a más del 101% del PIB, la segunda cifra más alta de la serie histórica. Poco se habla de estos datos macroeconómicos que lastran el desarrollo económico y que deben servir de señal de alerta para el Gobierno regional que, por el contrario, cerró 2024 con el menor nivel de deuda en términos de PIB de los últimos diez años. Dos formas de gestionar muy diferentes pese a los temores de la AIREF.