Una cuestión de estricta justicia

A CUENTA GOTAS se van enterando los mutualistas de Muface que su litigio con el Ministerio de Sanidad & Administraciones Públicas, está en vías de solución. Después de tantas amenazas, de tantas llaves de tuerca, de falsas promesas, y de varias licitaciones para engañar a los peces con el fin de que ellos solitos picaran en el anzuelo que aquí te quiero, las cosas, al parecer, vuelven al punto de partida del que nunca debieron moverse. No ha sido una cuestión de resistencia, como se sugiere desde las poltronerías políticas, o de un reparto entre amigos donde el resto no cuenta y son despedidos a lo Trump: los gatos quedan excluidos y señalados.

No señor. Ha sido una cuestión de estricta justicia, de derechos contractuales entre unos trabajadores de la administración pública y entre un Estado que, de repente, ha querido romper las reglas del juego porque sí: porque el sectarismo de la ministra del ramo no cree que la sanidad o es pública –de ellos y como ellos la entienden– o no puede ser de nadie. Poco importa que la sanidad pública salga más cara, como ha quedado demostrado a lo largo de este conflicto, o que la sanidad privada, como también ha quedado demostrado, sea más eficaz, más ágil, más humana, más inmediata, más libre. ¿De qué hablamos entonces?

A los mutualistas de Muface sólo les resta que en la próxima semana las aseguradoras firmen la licitación acordada, y regularicen –ya es hora después de medio año en suspense– la asistencia sanitaria propia de un estado de derecho, y no de sub estado en liquidación al que aspiraba la ministra de Sanidad, como demuestra la asignación que ofrece a los afectados por la dana con problemas mentales: «1,10 euros». Indignante, vergonzoso, carnavalesco en vena.