Colaboración entre administraciones para implantar la economía circular

LA OBLIGACIÓN impuesta por una directiva europea de establecer una tasa obligatoria de basura en todos los municipios españoles ha causado malestar, desconcierto y desorganización entre los ayuntamientos, que se ven forzados a aplicar lo que se ha dado en llamar un «tasazo» a sus ciudadanos en nombre de Europa en aplicación del principio de que ‘quien contamina paga’. Ejerciendo su papel de portavoz de las administraciones locales y de mediación ante otros poderes de ámbito territorial superior, la Federación Española de Municipios y Provincias ha dado voz a la inquietud de pueblos y ciudades al reclamar al Gobierno una «reflexión» para «modificar y mejorar» la regulación de la tasa de basuras, «preservando la autonomía local» de los ayuntamientos. Acierta la FEMP al hacer ver al Ejecutivo central que la aplicación forzosa de esta directiva europea «no aporta seguridad jurídica y puede ser objeto de recursos por parte de los ciudadanos, que verán incrementada una tasa de basura en municipios en los que ya existe, mientras en los que no está implantada se tendrá que establecer ex novo cuando ahora no se pagaba ninguna cantidad por ese concepto». Haría bien el gobierno central en prestar oídos a quienes más cerca tienen a los ciudadanos, que son sus ayuntamientos a la hora de modular una variación de la presión fiscal más local que, en casos como el de Castilla y León va a afectar a una pléyade de pequeñísimos municipios al borde de la despoblación y con limitados recursos técnicos para amoldarse. De igual manera, debería tener en cuenta la administración estatal que en las pequeñas poblaciones de Castilla y León, al igual que en otros territorios, se han venido desarrollando buenas prácticas en economía circular, con la particularidad de que desde la Junta se han respaldado numerosas iniciativas que convierten en referente a Castilla y León en un referente puesto que ya dispone de una Estrategia de Economía Circular con la que se persiguen los mismos beneficios ambientales que plantea la directiva europea por la mejor gestión de los residuos. A mayores, Castilla y León va aún más lejos de un simple tasazo para que los ciudadanos paguen más por la gestión de sus basuras sin tener en cuenta las cantidades de residuos generados por cada cual. El plan en la Comunidad es extender la aplicación de la economía circular a nuevos retos» vinculados a «la buena gestión del agua», que queda fuera de la directiva de basuras o a la movilidad sostenible. En ese sentido, cobra aún mayor interés que todas las administraciones sean capaces de colaborar para adaptarse a estos cambios.