Un instrumento para equilibrar la calidad de vida en el medio rural

UNA SIGNIFICATIVA aportación de 34 millones de euros procedentes del Fondo de Cohesión Territorial va camino de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad para que puedan invertir las ayudas que reciban en la mejora de sus servicios públicos. La mayor parte de los fondos, 20 millones, procede de la Consejería de la Presidencia que ha tenido la precaución de reservar  partidas separadas para los municipios de menos de 1.000 habitantes que son los más expuestos de Castilla y León al deterioro de los servicios públicos de los que disfrutan sus vecinos y claramente más amenazados por la despoblación por esa desventaja sobre otros pueblos que son cabecera de comarca o las propias ciudades castellano-leonesas. En ese sentido, este Fondo de Cohesión que es un instrumento de cooperación económica que ayuda a garantizar y a modernizar los servicios públicos rurales, y de paso la calidad de vida de los ciudadanos, prevé un trato preferente para cuatro provincias, las más expuestas de la Comunidad. Se trata de Soria, Zamora, Ávila y Palencia, a las que Presidencia aplica acertadamente ciertos factores de corrección gracias a que percibirán de este fondo de cohesión un porcentaje superior del que les correspondería por la aplicación del criterio de financiación local. No sería coherente que Castilla y León argumente que sus peculiares desventajas competitivas con respecto a otras comunidades le deberían reportar una mejor financiación y luego olvidase aplicar la misma receta en su propio territorio según sus propias dificultades sociodemográficas. Esta política que aplicará la administración autonómica con estos fondos introduce un componente solidario entre las provincias de Castilla y León en el que también se implicarán desde el ámbito institucional las diputaciones provinciales y los propios ayuntamientos, a los que se les exigirá cumplir si quieren cobrar la subvención. En la práctica, esta aportación económica que llegará a las administraciones locales debería traducirse en un equilibrio de las condiciones de vida en las nueve provincias de Castilla y León y un freno a la despoblación, en palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. A la Junta le queda por delante aplicar la máxima eficacia en la tramitación administrativa y acompañar a ayuntamientos y diputaciones en la gestión de las solicitudes y las subvenciones para que la maraña burocrática no frene este proyecto.