Diario de Valladolid

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IMAGINE por un momento que usted es guardia de seguridad de un hipermercado y le abonan una paga extra cada vez que denuncia que alguien intenta meterse al bolso algún producto sin pasar por caja. Imagine que trabaja en un departamento de Recursos Humanos y que su jefe le incentiva económicamente por señalar a trabajadores distraídos que se ausentan de su puesto sin justificación alguna. Imagine que forma parte de la plantilla de una sucursal bancaria y que su nómina engorda un poco más por cada cliente que considera que pueda convertirse en moroso.

Y ahora imagine que todos ellos se equivocaron en sus denuncias, pero que aun así recibirán su bonus sin más explicaciones. Bien, pues ahora dejen de imaginar porque estos ejemplos inventados representan a la perfección lo que ocurre con algunos funcionarios de la Agencia Tributaria, aunque en su caso el salario extra llega tras sumar más recaudación procedente del supuesto fraude de las empresas en IVA e IRPF. Supuesto porque, según la Asociación Española de Asesores Fiscales, sus interpretaciones de la norma no cuentan frecuentemente con un respaldo legal y eso explica que la Agencia Tributaria pierda más del 50% de las causas que los contribuyentes entablan contra ella en los tribunales.

El llamado Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA) –también conocido como «a recaudar se ha dicho»– nació en 2014 de la mano del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Como en esto no hay colores ni ideologías que valgan, la actual titular de la cartera, Montero, lo ha perfeccionado con un bonus global de 100 millones de euros para repartir en 2022 entre los funcionarios más expeditivos en la carrera de la persecución fiscal. Por supuesto, y pese a que ya un juzgado de Madrid ha exigido transparencia, seguimos sin conocer los detalles del plan de incentivos, pero se estima que la remuneración extra se traduce en una media anual de entre de 2.150 y 9.300 euros en función de la categoría profesional. Cantidades que los funcionarios no deben devolver si se demuestra que la inspección era errónea.

Si a esta realidad unimos la denuncia realizada estos días por el vicepresidente de la Junta, en la que asevera que las empresas de Castilla y León sufren el triple de inspecciones que las de Madrid, se cocina el caldo de cultivo perfecto que invita a la huida. No se trata de permitir el fraude, de ninguna manera, pero sí de competir en igualdad de condiciones y –si es posible- sin permanentes palos en las ruedas de los precursores de este perverso e injusto plan de productividad.

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