Cada legislatura en Castilla y León, un nuevo repaso
Parece ser que, en cada legislatura autonómica, hay que volver a sacar a relucir las leyes y normas, tanto estatales como autonómicas, por aquello de refrescar a unos e ilustrar a otros respecto a la normativa que rige en los territorios y cuáles son las regulaciones vigentes.
En la Constitución Española, y dentro del título preliminar, se recogen los valores fundamentales y los principios que se irán desarrollando en el resto de artículos, y ya en el artículo 7, nuestra CE especifica que tanto los sindicatos de trabajadores como las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
De hecho, este precepto constitucional se encuentra ampliamente regulado en los artículos 28 «derecho de sindicación y derecho de huelga»), 37 «derecho a la negociación colectiva» y 131.2 «asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas en la planificación de la actividad económica general», así como en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de junio, de Libertad Sindical.
En esta última referencia, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, determina en los artículos 6 y 7 quienes son los sindicatos de mayor representatividad y les reconoce una singular posición jurídica, entre los que se encuéntrala capacidad de ostentar la representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tenga prevista así como la competencia de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
Es más, para llegar a ser el sindicato más representativo en las diferentes CCAA hay que obtener, entre otros requisitos, al menos el 15% de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa.
Una vez que tenemos despejada la duda sobre las funciones y requisitos de los sindicatos más representativos en Castilla y León podemos pasar al siguiente nivel para hablar de cómo se articulan en nuestra comunidad ciertos preceptos.
Para hacerlo, podemos acudir al Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su Título I, Capítulo IV, los principios rectores de las políticas públicas en Castilla y León en el artículo 16 expone que los poderes públicos de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias, deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de los siguientes objetivos, entre los que se encuentra, dentro del punto 4, «el fomento del Diálogo Social como factor de cohesión social y progreso económico, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios, a través de los marcos institucionales permanentes de encuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes sociales. Para ello podrá regularse un Consejo del Diálogo Social en Castilla y León».
Y es que, hace ya 14 años que en Castilla y León se desarrolló el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y se creó la Ley 8/2008 para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional que en su exposición de motivos explica que las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se caracterizan y distinguen, precisamente, por la institucionalización del Diálogo Social entre la Administración Pública y los agentes económicos y sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
A lo largo de los 16 artículos y 5 disposiciones finales de esta ley 8/2008 se desgrana cuáles son sus órganos, su funcionamiento, sus competencias y composición. Su composición no hace referencia a ningún sindicato u organización en particular, sino que establece que estará integrado por cada una de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León. Y ahí entra UGT.
Este repaso sobre normas y leyes y sobre los requisitos para formar parte de ciertos consejos y representaciones institucionales, deberían ser cabecera de lectura para todos los que formamos parte de los mismos, con la finalidad cumplir las normas establecidas y con ello llevar el máximo provecho de bienestar los ciudadanos de Castilla y León.
Sin embargo, parece que no es suficiente dadas las últimas declaraciones que estamos oyendo en los escasos consejos y plenos que se han llevado a cabo hasta el momento. Creo que el presidente de la Junta de Castilla y León, como máximo cargo representativo en las políticas que rigen el devenir de nuestra comunidad, ha de ser más exigente con él mismo y con su labor de lo que es. En dos gobiernos de coalición y con treinta y seis años al frente del Gobierno como grupo político, debería llevar a cabo cada segundo de la legislatura, un serio trabajo de formación sobre la regulación normativa y legal del territorio en todas sus Consejerías y equipos.
Porque sabe perfectamente que no es banal el trabajo histórico que los agentes socioeconómicos han venido desarrollando junto a los diferentes cargos políticos por y para que la ciudadanía de Castilla y León disfrute de la máxima protección ante el ataque a sus derechos. Sin embargo, parece que hay quiénes solo pretenden desregularizar, descoordinar y retroceder a golpe de imposición y personalismos. Y en esas estamos ahora mismo: Unos que venían a cambiarlo todo codo con codo con otros que quieren retrotraer 45 años el calendario.
Sindicalmente, desde UGT queremos trabajar para sumar. Y sí, la representatividad nos ofrece beneficios institucionales que son aprobados en los presupuestos generales en los distintos ámbitos estatales y autonómicos y nos otorga una puntuación concreta en concurrencia competitiva junto a cientos de academias, asociaciones, agrupaciones u otros colectivos en materia de formación. Todos nuestros procesos son absolutamente transparentes y se encuentran regulados por ley.
Y para poder seguir desarrollando nuestra labor, sólo pedimos una cosa, que de una vez por todas se cierren los equipos de las Consejerías, nos convoquen y nos sentemos a trabajar para crear oportunidades en nuestra comunidad. Todo lo demás, será ruido y distorsión por vete tú a saber que fin…pero nuestros 134 años nos dan el poso y el peso suficiente para estar por encima de todo lo que no sea atender a la sociedad y trabajar para su crecimiento en derechos y crecimiento social en servicios, ingresos, oportunidades e igualdad.