Diario de Valladolid

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HEMOS PASADO del “no es no” de Sánchez al “solo sí es sí” de Montero. ¡Y los demás son los radicales! No hay espacio intermedio para el encuentro, para el debate, para el intercambio o para el diálogo. Nada más que posiciones extremas que demuestran que este Gobierno se mueve a partir de planteamientos absolutos cuando no absolutistas que limitan la capacidad individual de decisión de los ciudadanos.

La llamada Ley del sólo si es si es un ejemplo más de los excesos legales a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno a partir de un enfoque peculiar de la libertad concebida sólo para los que piensan como ellos. La libertad debe entenderse en sentido amplio y no como un tipo de libertad totalitaria impuesta a partir de posiciones ideológicas, es decir, sólo para lo que nos gusta o para lo que estamos de acuerdo. Es evidente que determinadas prácticas como la esclavitud sexual o la trata de blancas  son execrables y deben ser combatidas  con la mayor dureza y con todas las herramientas del Estado. Pero si entendemos la libertad en sentido amplio ¿qué pasa con aquellas personas que deciden libremente y en pleno ejercicio de su voluntad practicar la prostitución sin ningún tipo de coacción, amenaza o proxenetismo? ¿Es que la libertad sexual sólo se entiende para cambiarse de sexo o para abortar a los dieciséis años? No se trata de defender la prostitución, sino simplemente de no ser hipócritas y pretender ser muy liberales para unas cosas y muy poco para otras.

El problema es que este concepto tan particular de la libertad da lugar a excesos legislativos que se producen en todos los ámbitos y que perjudican a la mayoría. Se trata de una práctica legislativa cada vez más frecuente que consiste en que,  ante el incumplimiento de la Ley, lo que se hace es endurecerla en lugar de poner los medios para hacerla cumplir. Una práctica ya habitual que tiene su reflejo también en otras normas como la nueva Ley de tráfico que perjudica a la mayoría frente a los incumplidores, o la cada vez más profusa normativa administrativa que, por combatir la arbitrariedad y las corruptelas del pasado, convierten la Administración Pública en un laberinto burocrático insoportable para los ciudadanos. Las Leyes no pueden promulgarse, ni para perseguir a los incumplidores en perjuicio de la libertad de la mayoría, ni para imponer ideologías en nombre de la libertad sexual. El imperio de la Ley debe estar por encima de postureos políticos y sloganes vacíos como el “sólo sí es sí” que no aportan nada.

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