La siniestralidad de las carreteras obliga a actuar
UN AÑO más a Castilla y León le cabe el dudoso honor de situarse a la cabeza de España en cuanto a siniestralidad en carretera. Según el informe EuroRap, correspondiente a la red de carreteras del Estado en 2019, la Comunidad se sitúa en el segundo lugar con más carreteras, tramos y puntos negros de España, solo superada por Aragón. En concreto, el 13,66% de la red viaria de carreteras tiene un elevado riesgo de convertirse en escenario de un accidente de tráfico.
Las conclusiones del informe dan pie para atenuantes, pero no eximentes a la hora de acometer, por parte de todas las administraciones implicadas, la erradicación urgente de los tramos más peligrosos.
El atenuante es compartido con Aragón y es claro: ambas son dos comunidades extensas y por lo tanto con una vasta red de carreteras de todo tipo y bajo jurisdicción de distintas administraciones, desde la del Estado hasta la más local. Que por su volumen, tanto Aragón como Castilla y León tengan más papeletas de disponer de tramos peligrosos y puntos negros es fácilmente deducible. Lo que no es tan fácil de entender, y menos de justificar, es que esta situación en buen número de tramos se repita año tras año sin que se tomen medidas que acaben con esta situación, por lo que no caben eximentes a la inacción de las autoridades.
De los 5.627 kilómetros de carretera que hay en Castilla y León, 768 con considerados de alto riesgo, prestando especial atención el informe a la situación de Soria, que por tercer año consecutivo consserva uno de los tramos más peligrosos de España, el que media entre el kilómetro 398 y el 408 de la N-234, carretera nacional y de especial importancia.
Es un ejemplo, extensivo a viales dependientes de otras administraciones, cuya reiteración los hace inexplicables y un riesgo permanente para el ciudadano, ya que la fría estadística frecuentemente se traduce en muertos y heridos reales.
Existe una necesidad perentoria de ir acometiendo sin dilación la erradicación de los peores tramos de la red castellano y leonesa. En este trabajo han de inmiscuirse todas las administraciones, pero es especialmente la autonómica la que debe llevar el impulso para reformar lo que le compete y presionar a las demás para que hagan su trabajo en las redes de su competencia.
La existencia de tramos de riesgo ya en puertas de una nueva década del siglo XXI es un hecho difícilmente justificable, por muy extenso que sea el ámbito territorial y por lo tanto abultada la inversión económica necesaria. Acometer por anualidades es factible desde el punto de vista del esfuerzo necesario, pero es una tarea que hay que iniciar cuanto antes para que de los informes de siniestralidad Castilla y León pierda su triste liderazgo.