Preocupante aumento de las condenas a los menores

Castilla y León es una de las comunidades más seguras del país. La Comunidad autónoma cerró 2018 con la segunda menor tasa de condenas de España, 5,6 por cada mil habitantes. La seguridad no sólo es un factor muy valorado por los ciudadanos, sino que forma parte del nivel y la calidad de vida de un territorio, además de contribuir a favorecer el prestigio y atraer inversiones.

Sin embargo, el liderazgo de la región en materia de seguridad, que ayer certificó el Instituto Nacional de Estadística, quedó ensombrecido por el dato que hoy destaca este periódico del inquietante aumento de las condenas penales de los menores de 14 años.

Se trata de un dato preocupante que debe ser analizado en profundidad por si se trata de algo coyuntural de un año o de una tendencia creciente que puede ir a más en los próximos ejercicios.

En cualquier caso, el incremento en un 18% de las condenas de adolescentes obliga no sólo al análisis, sino también a la reflexión y a la adopción de medidas urgentes en todos los ámbitos: en el familiar, en el educativo y en el político.

Las Consejerías de Familia y Educación de la Junta son las más competentes en este materia, aunque sería más que necesaria la intervención de los colectivos de padres y de las organizaciones de educadores.

Una Comunidad autónoma que lidera aspectos educativos y sociales no puede permitir que los menores sean una excepción en la seguridad ciudadana que caracteriza nuestras provincias.

Sobre todo, cuando no se perciben otros fenómenos inquietantes en la estadística de condenas, más allá de que empieza a aumentar los delitos cometidos por mujeres si bien los de los varones son notablemente superiores y de que los delitos sexuales siguen su senda creciente.

Se trata pues de un balance que tiene luces y sombras, fortalezas y debilidades. Por eso, no hay que bajar la guardia en aquellos aspectos en los que Castilla y León mantiene el buen tono de la seguridad, pero hay que atajar aquello que puede ser una fuente de problemas en un futuro.

Además, es preciso de nuevo valorar las diferencias que existen en las tendencias crecientes de algunos delitos.

Fortalecer la educación en esas edades de la adolescencia tan difíciles para padres y educadores, y abordar las problemáticas más difíciles en los colectivos más vulnerables resulta imprescindible. No se trata de algo sencillo y de resultados inmediatos, pero sí de una llamada de atención necesaria y sobre todo la implicación de todos los colectivos e instituciones involucrados en el futuro de los más jóvenes.