Un impuesto que llegue sin sombra de duda
ESTÁ POR VER si es efectivo, si realmente va a servir para recaudar y que ese dinero sirva para generar inversión en la zona, pero lo que sí está claro es que el nuevo impuesto que Castilla y León quiere aplicar a Garoña tiene que llegar sin sombra alguna de duda. Y no parece que así sea, al menos a los ojos del Gobierno central, que alerta sobre su más que posible inconstitucionalidad.
El nuevo gravamen de Castilla y León, con el que la Junta pretende recaudar 10 millones de euros, gravaría «el riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal» en la central de Garoña. Pero desde el Ministerio de Hacienda se apela a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para sostener que Castilla y León no puede imponer un tributo autonómico sobre hechos imponibles ya gravados por elEstado. Avala su tesis con diez sentencias del Tribunal Constitucional en conflictos con Extremadura, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias.
La doctrina que extrae el informe concluye que la doble imposición que prohíbe la LOFCA «no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles», sino «a las circunstancias que ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos imponibles». Es decir, que lo importante es que, además del hecho imponible que se pretende gravar, es necesario analizar los sujetos pasivos del tributo, la base imponible, la capacidad económica gravada. Y es ahí donde el Ministerio es concluyente porque lo tendrían que pagar las mismas personas jurídicas por hechos similares.
Tras repasar con detalle la regulación de ambos impuestos, el Ministerio concluye con «que podría existir un solapamiento entre ellos. Su argumento básico es que actualmente el Gobierno grava a las centrales nucleares por la producción de combustible nuclear gastado y a los titulares de las instalaciones centralizadas por el almacenamiento de dicho combustible en ellas. Gravarlos «adicionalmente, como pretende la Comunidad autónoma de Castilla yLeón», podría suponer duplicar el impuesto.
Sea como fuere, parece lógico que desde el Gobierno autónomico se tenga claro que no existe ese riesgo del que alerta el Ministerio, de lo contrario el impuesto será inútil.