La crisis de Vestas obliga a la unidad de acción de todos
NI 24 HORAS, después de la gran manifestación que sacó a la calle a una marea de castellanos y leoneses en León, se han dado de plazo los dirigentes de la multinacional eólica Vestas para presentar el ERE de extinción, que viene a certificar el cierre de la planta leonesa y el despido de sus 362 trabajadores.
Vestas hace caso omiso a las peticiones de negociación y a la presión ejercida por los gobiernos central y autonómico y continúa firme con su hoja de ruta. Aquella que viene pergeñando durante largo tiempo y que había ocultado, incluso con engaños, a los representantes de los trabajadores y a las administraciones.
Y todo mientras desde el Gobierno central su portavoz Isabel Celaá aseguraba ayer mismo que el Gobierno seguía trabajando para evitar que Vestas eche el cierre y tire la llave de su fábrica de palas eólicas del polígono leonés de Villadangos del Páramo.
Una vez más, y van, resulta evidente que el ritmo de esta crisis industrial, la peor que sufre León y Castilla y León después de la minera, lo marcan y lo fijan los directivos daneses de Vestas. Ellos tienen claro cuál es su camino, que pasa por cerrar en León, y les dan igual los ofrecimientos en forma de ayudas de las administraciones. Como le importan poco, más bien nada, sus todavía 362 trabajadores y sus familias, sin olvidar a los prácticamente 2.000 puestos de trabajo que se generaron al albur de ese clúster que se creó en en su entorno y que también recibió suculentas ayudas del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León.
Ahora más que nunca es obligado no rendirse y no bajar los brazos. Las administraciones, los sindicatos y todas la fuerzas políticas tienen que ir de la mano para combatir esta nueva afrenta de una multinacional, que primero se beneficia de las millonarias ayudas para crecer y enriquecerse y, después, se fuga sin dar una sola explicación que justifique su marcha.
No es el momento de críticas, ni tratar de culpabilizar al otro por el mero hecho de ser de un color político distinto. Entre otras cosas porque los responsables son los directivos de la multinacional.
La unidad de acción no puede romperse. Junta y Gobierno tienen que seguir trabajando y peleando con firmeza frente a Vestas. Lo exigen y se lo deben a esas 2.000 familias, 362 directas, que viven del trabajo que relizaban para la multinacional. A ellos, a los empleados y a sus familias, la peor noticia que se les puede dar es la de ver cómo esa unidad se resquebraja. Si queda alguna opción, difícil y mínima, esta pasa porque los instituciones, los políticos y sindicatos vayan de la mano.
La crisis de Vestas obliga a la unidad de todos y quien la rompa estará ayudando al cierre anunciado de la fábrica de Villadangos.