Claridad para el cobro de las plusvalías municipales
EL SUPREMO ACABA de dictar sentencia en todo lo que tiene que ver con las reclamaciones de los ciudadanos con el cobro de las plusvalías por parte de los diferentes ayuntamientos. Ahora ya no hay excusas para que los consistorios mantengan paralizadas la revisión de las diferentes reclamaciones que ya tienen en su poder.
Al contrario, lo que tienen que hacer y ya es ponerse manos a la obra con el fin de dar agilidad a las respuestas y permitir que los castellanos y leoneses que, ejerciendo su derecho, han decidido reclamar puedan tener una idea clara a la que atenerse, ya sea ésta favorable o no.
Lo que no puede ser que se pretenda mantener un vacío, demorando en el tiempo una respuesta por más que, según las previsiones, la mayor parte de las reclamaciones les serán desfavorables a los ayuntamientos de la Comunidad. Quienes, como Valladolid y Ávila, ya se adelantaron a su tramitación están de suerte porque ven cómo el Alto Tribunal les da la razón.
Ahora, con la jurisprudencia sentada por el Supremo, algunos consistorios empiezan a rescatar los expedientes que durante el útimo año han mantenido aparcados. Otros, mientras, se mantienen a la espera de que la modificación de la Ley de Haciendas Locales explique de forma definitiva y homogénea cómo han de proceder los técnicos municipales para exigir (o no) el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos cuando una finca cambia de manos.
Mientras, en los ayuntamientos de Ávila y Valladolid, donde ya se estaban tramitando las reclamaciones, la sentencia del Supremo avala el modo de proceder que venían aplicando, donde el contribuyente debía acreditar la minusvalía para esquivar el pago del gravamen, tal y como ahora ha establecido el Alto Tribunal.
Tanto unos como otros siguen a la espera de la adaptación de la Ley de Haciendas Locales al nuevo marco jurídico. La revisión de esta norma pondrá en negro sobre blanco qué procedimiento deben seguir los consistorios para abordar el cobro del impuesto. Yzanjará el aluvión de reclamaciones administrativas y demandas judiciales presentadas en el último año, con pronunciamientos dispares en las jurisdicciones españolas.
Sea como fuere, los castellanes y leoneses no pueden verse obligados a esperar sine die a que se adapte esa normativa de haciendas locales, entre otras cuestiones porque ellos no son los responsables últimos del cobro legal o no de esas plusvalías por la venta de una vivienda.
Lo que tienen que ofrecer las administraciones es el cumplimiento de la ley, en este caso de la sentencia del Supremo, dar claridad para que los ciudadanos sepan a a qué atenerse.