Una prueba más de que urge un nuevo modelo de financiación
CASTILLA y León desembolsó el año pasado 260,5 millones de euros por encima del techo de gasto fijado por el Gobierno central. Esta Comunidad autónoma fue la segunda con mayor desviación del país, sólo superada por Navarra, según un informe del Ministerio de Hacienda.
La insuficiencia de fondos para cubrir los gastos que generan los servicios esenciales es un hecho. Y todo apunta a que este año volverá a ocurrir lo mismo, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Las comunidades autónomas podían gasta en 2017 un 2,1% más que al año anterior.Pero en Castilla y León no fue suficiente. La propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, admitió haber incumplido el objetivo de déficit y lo atribuyó a la mala financiación que nutre los Presupuestos de la Comunidad.
La Autoridad Fiscal recomienda a la Junta que revise las actuaciones en materia de gasto.Sin prejuzgar que pudiera ser posible en una mínima parte rebajar algún tipo de gasto adicional, la desviación del sobre el techo de gasto refleja que Castilla y León está mal financiada para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El Gobierno se ha comprometido a convocar en breve el Consejo de Política Fiscal para negociar el nuevo modelo. El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha urgido esta convocatoria y el PP ha reiterado que es necesario un acuerdo de los dos grandes partidos.
Tan importante o más que el consenso es que se reviertan los recortes en el gasto de los servicios esenciales y se retribuya en la financiación el coste que tienen estos en una comunidad dispersa, envejecida y despoblada. Y sobre todo para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, según vivan en el medio urbano o rural.
La coyuntura abierta con la moción de censura socialista no debería retrasar la negociación y la aprobación del nuevo modelo de financiación. Ni siquiera una confrontación electoral debería aplazar esta negociación, por más que fuera difícil en una coyuntura de mayor confrontación política.
Un grupo de comunidades autónomas, entre las que está Castilla yLeón, se reunirá la próxima semana para reforzar ese frente común en defensa de que se financie por coste de los servicios y no solo por población. Todos los estudios independientes e incluso el informe de los técnicos para el Gobierno avalan esta posición. Sin embargo, subsisten comunidades que apuestan por tesis diferentes y otras que pesan más en los gobiernos de turno.
Firmar un modelo que no cubran bien los costes de los servicios condena a Castilla y León a nuevos déficits sociales. Haber sobrepasado ese techo de gasto en 260 millones revela a las claras esas carencia de recursos.