Sobresaliente, con esfuerzo en solitario, en dependencia
EL ENVEJECIMIENTO de la población ha generado nuevas demandas sociales, nuevas necesidades ante un problema generalizado. Uno de ellos es el de la atención a la dependencia, que reclama un esfuerzo adicional de la sociedad para dar soluciones a las personas que precisan su apoyo, pero también a los familiares que se convierten forzosamente en cuidadores, algo que enlaza directamente con otra situación en la que la sociedad también está demando soluciones, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ya que la atención a las personas dependientes en el ámbito familiar ha recaído históricamente sobre las espaldas de las mujeres, sacrificando así, entre otras cosas, posibilidades laborales. Por todo ello, la gestión que tiene que realizar la Administración sobre la Dependencia es clave, dado que se ha convertido en un derecho de los ciudadanos. Por ello, es altamente satisfactorio que Castilla y León sea la Comunidad que mejor gestión realiza, con una mejora continuada que le ha llevado a obtener un sobresaliente.
Castilla y León ya estaba a la cabeza en atención a los dependientes, pero en la última evaluación del Observatorio de la Dependencia ese liderazgo se fortalece, con una mejora en la nota conseguida, que alcanza el 9,29. Es un liderazgo en un aspecto social y precisamente por eso es más relevante, porque afecta directamente al ciudadano, colocándose por encima de comunidades autónomas que disponen de mayores recursos económicos. Además, el esfuerzo es en solitario, sin la ayuda del Estado. La Junta de Castilla y León ha tenido que cubrir la aportación económica que ha dejado de hacer el Gobierno central. En los últimos seis años, desde Madrid deberían haber llegado 240 millones de euros para la atención a la Dependencia, un dinero que ha tenido que salir finalmente de las arcas de la Comunidad. Por ello resulta más meritoria la nota obtenida, ya que se ha conseguido seguir mejorando a pesar de tener que hacer frente al esfuerzo económico que se ha negado a hacer el Estado desde 2012.
Es para una causa justa, pero además de hacer frente a un problema social que no se puede esquivar, también se genera un retorno económico. Como ejemplo, la creación de empleo, ya que hay 26.000 puestos de trabajo relacionados directamente con la Dependencia en Castilla y León.
Los resultados podrían haber sido aún mejores, tanto en empleo como en atención, si no se hubiera interrumpido la aportación de la Administración central, pero en cualquier caso la gestión actual es la mejor de España, lo que facilita que la población castellana y leonesa sea la que recibe la mejor atención, con el mayor porcentaje del país de población potencialmente dependiente atendida.