Cumplir el derecho constitucional a la igualdad es una obligación
CASTILLA y León, España y la mayoría de los países del mundo celebran hoy el Día Internacional de la Mujer. La huelga convocada este 8 de marzo ha supuesto un mayor altavoz a las reivindicaciones de igualdad. Las Cortes regionales aprobaron ayer un acuerdo de mínimos para avanzar hacia una igualdad real y efectiva.
Es un hecho que aún falta mucho camino por recorrer para acabar con esas desigualdades por razón de sexo que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía proclaman como derecho básico de los hombres y de las mujeres.
La brecha salarial, la desigualdad de oportunidades para acceder a puestos de responsabilidad y la mayor precariedad laboral son sólo una muestra de la discriminación que sufre un colectivo que significa más de la mitad de la población regional.
La jornada de hoy debe servir de altavoz para elevar la conciencia de las administraciones, de las empresas, de los partidos, de los sindicatos y de numerosos colectivos sociales sobre la necesidad y la obligación de impulsar esos cambios que hagan de la igualdad un derecho real.
La sociedad española y la castellano y leonesa han avanzado mucho estos años, pero es necesario mantener viva esa inquietud para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda.
Este reto no debería formar parte de la lucha partidista. La unanimidad en lograr revertir la situación servirá para acelerar los cambios que se necesitan. Y en esos cambios debe primar también todo aquello que contribuya a cambiar los cementos que impiden acabar con la inaceptable violencia contra las mujeres.
La jornada de hoy, sea cual sea, el resultado de la movilización, debe contribuir a impulsar ese cambio. Las medidas acordadas ayer en las Cortes, tanto las dirigidas al Gobierno central como a la Junta, deben cumplirse para que estos pactos no sean algo estético y electoral para quedar bien con las mujeres.
La creación de un Observatorio de la Igualdad de Género debe ser el medidor y el evaluador del cumplimiento de las políticas de igualdad. Y si las medidas no contribuyen a cambiar la brecha salarial, las desigualdad de oportunidades y la precariedad, será necesario corregirlas. Los derechos constitucionales y los reconocidos en el Estatuto de Autonomía están para cumplirlos. Yesa es una prioridad en las responsabilidades de los políticos.