Obligada seguridad jurídica en el sector de las gasolineras
CASTILLA Y LEÓN se arriesga a contravenir la directiva europea de servicios que regula la libertad de mercado si persistiera en mantener el decreto que obliga a que las gasolineras tengan, cuando menos, un empleado.
Esa realidad es la que provoca que ahora se dé marcha atrás en esa norma y se busque un acuerdo con los grupos en las Cortes para levantar esa obligación, que conviene recordarán apoyaron en su día todos menos Ciudadanos que votó en contra y la UPL, que optó por la abstención.
La mejor demostración es que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, mete prisa ya a los grupos políticos, para tratar de sellar es acuerdo que permita modificar la normativa castellana y leonesa que da pie a sancionar a las gasolineras sin empleados. Tanto es así que algunas ya tienen encima de la mesa expedientes sancionadores, que evidentemente Economía retirará. Del Olmo reclama la colaboración urgente de los grupos políticos para evitar, precisamente, que la Comunidad pueda ser sancionado por Europa. Algo de lo que, por otra parte, ya se alertó desde Ciudadanos y la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl), que cuenta ya con las firmar para presentar una iniciativa popular en las Cortes contra este decreto y que no descarta ahora reclamar daños patrimoniales.
Claro que, dicho esto, la postura de aquellos que plantean la venta de carburantes sin la asistencia de un trabajador choca la crítica abierta de las organizaciones sindicales por la pérdida y precarización del trabajo.
Nadie pone en duda la más que loable idea de tratar de impulsar el empleo, que en eso fue en lo que se justificó el decreto que ahora se ven forzados a derogar, pero lo que debe primar en todo momento es la seguridad jurídica del sector de las gasolineras.
O dicho de otra forma, tomar la decisión, sea la que sea, que suponga plenas garantías y permita el desarrollo futuro de un sector que avanza y se ampía cada vez. Eso es lo que debe primar en cualquier decisión política y por lo que deben trabajar todos los representantes en la Cortes, más allá de unos partidismos que sólo ayudarán a bloquear una situación que requiere agilidad en la toma de decisiones.
Por tanto la pelota queda centrada en el medio campo del debate de un Parlamento autonómico, donde la aportación de los representantes del sector y el consenso entre los grupos políticos tiene que alumbrar una solución que provea de seguridad jurídica a un área de la economía regional que lleva más de cinco años sufriendo vaivenes por decisiones políticas de ida y vuelta.