Mayor financiación del Gobierno para Dependencia
lA ENTRADA en vigor de la Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a finales de 2006, supuso un importante avance en la prestación de servicios sociales a colectivos de mayores y de discapacitados. Sin embargo, el desarrollo práctico de esta normativa ha sido desigual entre las comunidades autónomas y en cuanto al compromiso adquirido por el Gobierno.
El punto de partida de la financiación, que debería repartirse al 50% entre Gobierno y autonomías, nunca ha llegado a hacerse efectivo. Además, en medio de la grave crisis económica, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy recortó aún más su aportación al nivel acordado con las comunidades. En los presupuestos de 2012 desaparecieron 238 millones de fondos estatales, que ahora van a recuperarse solo en una pequeña parte.
Ese es uno de los resultados del informe para el análisis de la situación actual del sistema de la Dependencia, en cuya elaboración ha trabajado Castilla y León, junto con representantes de otras seis autonomías y de distintos departamentos del Gobierno. La comisión encargada del informe es fruto de los acuerdos adoptados por la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero.
En la reunión mantenida ayer por el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, se acordó elevar mediante Real Decreto el mivel mínimo de financiación anterior a 2012. Esto supone para Castilla y León que la Junta recuperará el año próximo entre 5 y 6 millones de euros para financiar el Sistema de la Dependencia. Esta cuantía representa el 5% de un total del 15% que se redujo a las comunidades en 2012. Pero aún le faltaría por recuperar en los próximos años otros 10 millones de euros procedentes de esta fuente de financiación. Además, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, reclama una retroactividad al 1 de enero de 2017 para poder contar con estos fondos en el actual ejercicio, algo que no se ha contemplado en la reunión.
Castilla y León es modélica en la atención a las personas dependientes. Así los vienen reconociendo los sucesivos informes del Observatorio de la Dependencia, creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al calificar siempre sus resultados con sobresalientes. Esto supone un importante esfuerzo financiero que se tradujo, el pasado año en 534,4 millones de euros, de los que solo 104,7 millones de euros, un 20% del total, provenían del Estado. Resulta injusto que una comunidad que se ha implicado como ninguna otra en desarrollar la Ley de Dependencia tenga que costear lo que le correspondería al Estado. La aportación acordada ayer no es sino un pequeño parche, cuando el Gobierno debiera comprometerse a aportar por igual que las comunidades los fondos para la atención a las personas dependientes.