Garoña, otro cierre como el de la minería
EL GOBIERNO aprovechó de forma repentina el primer día de agosto para anunciar el cierre de la central nuclear de SantaMaría de Garoña en Burgos. Lo hizo el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, una semana antes de que expirase el plazo de seis meses que se tomó para dirimir la solicitud hecha por las empresas propietarias en 2014 de continuar la explotación de la central por 17 años más, hasta 2031.
El ministro justificó esta decisión de denegación de la renovación de la autorización sobre todo por su «utilización política» y por su escaso aporte al sistema energético español, «nulo desde hace cinco años».
Era un cierre esperado; sobre todo porque existía un rechazo global importante. Tanto de las empresas propietarias, que no estaban dispuestas a asumir los costes de nuevas inversiones que imponía el Consejo de Seguridad Nuclear, como porque la mayoría de los grupos políticos la rechazaban.
Sin embargo, la decisión carece de lo fundamental: un plan alternativo para la zona afectada. Es un nuevo caso en el sector energético, similar al de la minería. Se cierra una central y no se disponen de forma anticipada inversiones alternativas de reindustrialización, lo que revela una nueva irresponsabilidad ante los ciudadanos de los municipios afectados.
La irritación del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante Mariano Rajoy es lógica. Precisamente por la falta de alternativa del Gobierno.La carta que ayer le envió revela un malestar con el que el jefe del Ejecutivo regional pretende obligar al presidente a que ponga en marcha de forma urgente lo que debería haber hecho ya hace tiempo, cuando se veía venir la clausura de la envejecida central nuclear que ya hace tiempo era un muerto latente difícil de resucitar.
Se trata de un decisión iniciada en tiempos de Zapatero y que finalmente ha correspondido a Rajoy. Herrera no debería reivindicar la apertura de Garoña como alternativa energética, porque no le corresponde. Pero sí es de su competencia urgir alternativas económicas que recuperen la actividad y el empleo que puede perderse en la zona. Al fin y al cabo, la Comunidad cuenta con competencias económicas y es el empleo el que fija población en las zonas rurales.
Y hace bien el presidente en recordar en su misiva el caso de la minería del carbón y subrayar que se ha demostrado imprescindible en los últimos meses.
En definitiva se trata de sumar voces para que el Ejecutivo central se haga responsable no sólo del cierre, sino de poner en marcha alternativas económicas viables y con urgencia. Otro cierre más sin alternativa resulta insoportable y en esos retos sí sería bueno el máximo consenso.