Canje palaciego

DE FORMA recurrente, portavoces del Ayuntamiento de Valladolid vienen reclamando el acuerdo que permita destinar a un uso civil digno y adecuado a su rango artístico el palacio real herreriano de la plaza de San Pablo. Desde luego, el asunto chirría y resalta entre los frecuentes desajustes institucionales del país. Porque la reclamación del concejal Saravia no es para un uso municipal, sino para solventar la crispante deficiencia de los servicios judiciales en Valladolid. Si alzamos un poco la vista a las escasas capitales españolas que han tenido función cortesana, desde luego no se encuentra un caso similar.

Y llama la atención el descuido del ministro Catalá, un personaje que se mete y chapotea en todos los charcos que no le corresponden, mientras tiene su casa sin ordenar. Por lo que ha dejado entrever Saravia, cuando se refiere a sus intentos de trueque con los militares, parece que la propuesta municipal de canje conllevaba incluso la opción de conceder un mayor uso residencial indebido en la parcela de la Academia de Caballería, situada en el cogollo de la ciudad, entre Doctrinos, San Ildefonso, María de Molina y paseo de Zorrilla. Lo que no hubo, con el negociante Morenés en el ministerio, fue un interlocutor válido para el canje.

Ahora, la ministra Cospedal tiene un pasado como presidenta de los manchegos, época durante la que ocupó el palacio toledano de Fuensalida, residencia real de Carlos I. Lo que carece de sentido es que los munícipes de Valladolid sigan negociando el canje palaciego con la menguada autoridad militar de una subinspección del ejército de Tierra, que es lo más granado que ha quedado por aquí. Porque efectivamente parece una broma demasiado pesada y difícil de soportar que décadas después de haber sido amortizada la capitanía general de Valladolid, siga el palacio real con devaluado uso castrense, mientras buscan alojamiento por esa zona los servicios judiciales, siempre a expensas del capricho, tiras y afloj