Prioridad para los jóvenes agricultores en nuevos viñedos
El nuevo sistema de plantaciones de viñedo establece unos criterios de prioridad que no convencen al sector agrario, partidario de realizar algunos cambios. Desde este año, los viticultores o bodegas que quieran plantar viñedo pueden hacerlo de tres modos. Por una parte, mediante la conversión de los derechos vigentes hasta 2020 en autorizaciones de plantación. Una segunda posibilidad es arrancar viñedo viejo propio para obtener la autorización. La tercera, y la que resulta controvertida, es la obtención de nuevas autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Agricultura.
Según la normativa en vigor, la preferencia en el primer reparto de autorizaciones es para los jóvenes menores de 40 años y que no tengan viñedo a su nombre, es decir, para los nuevos viticultores. Se excluye, por tanto, a los jóvenes viticultores que se dieron de alta en los últimos años y a los viticultores profesionales. A juicio de las organizaciones agrarias, se trata de una penalización que es preciso subsanar, porque los criterios utilizados les parecen injustos.
Asaja y la Alianza UPA-COAG coindicen en que el sistema actual da prioridad a las personas ajenas al sector agrario, cuando quienes debieran beneficiarse son los profesionales y los jóvenes viticultores –con o sin viñedo–, y el agricultor profesional. La figura del nuevo viticultor, sin vinculación previa con el sector, puede provocar «movimientos especulativos», a juicio de la Alianza UPA-COAG. De ahí que abogue por corregir los criterios de prioridad, de modo que los solicitantes deban demostrar su capacidad para llevar la explotación. En definitiva, que la autorización recaiga en aquellos «que se van a dedicar a la agricultura y no a especular».
También discrepan las Opas en cuanto al número de hectáreas autorizadas, ya que en la actualidad no existe límite de superficie, ni tampoco de número de solicitudes. El sector propone una limitación por expediente en función del tamaño de las explotaciones o de la «media de la zona». La Alianza va más allá y es partidaria de que se fijen topes de diez hectáreas para dar cabida «a más gente».
Un tercer motivo de controversia está en la superficie dedicada a nuevas plantaciones. El Ministerio ha propuesto para este año poner a disposición de los agricultores 9.500 hectáreas, es decir, el 1% del potencial vitivinícola español a 31 de julio del pasado año. Para las Opas, este porcentaje debería rondar el 0,43%.
El departamento que dirige Isabel García Tejerina ya ha mantenido varias reuniones de trabajo con las Opas. Sería conveniente que uno y otras aproximaran sus posturas en beneficio del sector, en general, y de los jóvenes agricultores en particular.