El impacto del Brexit para la economía de Castilla y León

El resultado del referéndum sobre el Brexit en Reino Unido ha marcado el inicio de un período de incertidumbre política y económica en Europa sin precedentes.

Transcurridos cerca de seis meses desde su celebración, sigue habiendo muchas incertidumbres sobre cómo se instrumentará el proceso de salida. Las principales incógnitas giran en torno al marco en el que se desarrollarán las negociaciones, la duración de las mismas y sus efectos sobre las economías británica y comunitaria.

La invocación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa es el mecanismo previsto por la Unión Europea para que uno de sus estados miembros solicite su retirada voluntaria y unilateral de la Unión Europea.

La intención del gobierno de Theresa May es que dicha invocación se produzca antes del 31 de marzo de 2017. El dictamen del Tribunal Superior de Londres, que requería someter al Parlamento británico dicha invocación, y el recurso presentado por el gobierno ante el Supremo al respecto, han generado dudas sobre la fecha. Sin embargo, el Parlamento anunció la semana pasada su intención de amparar la fecha prevista, siempre que el gobierno haga público su plan de negociación con el suficiente detalle.

A partir de dicha fecha, existiría un plazo de dos años para tratar de alcanzar un acuerdo. Este plazo podría ser prorrogado si ambas partes así lo acuerdan por unanimidad.

El jefe del equipo negociador nombrado por la Unión Europea, Michel Barnier, ha anunciado en su primera conferencia su deseo de que las negociaciones no duren más de 18 meses, de modo que, si finalmente se invoca el artículo 50 en marzo de 2017, se podría contar con el acuerdo de salida para octubre de 2018.

Reino Unido, por su parte, ha transmitido su deseo de que el proceso sea suave, de modo que no distorsione los negocios con la Unión Europea.

En todo caso, se prevén unas negociaciones complejas. Michel Barnier ha indicado la importancia de mantener la indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado único (libre circulación de bienes, libre prestación de servicios y libre circulación de personas y capitales). Reino Unido, por su parte, ha anunciado que sus cuestiones prioritarias más relevantes en la negociación son el control de los flujos migratorios (sin menoscabo de la atracción de talento), el retorno de la soberanía nacional y las cuestiones ligadas al presupuesto comunitario.

Ninguna de las fórmulas que hasta el momento mantiene la Unión Europea con otros países parece encajar con los objetivos de Reino Unido. El gobierno británico podría buscar un acuerdo, a la medida. En este sentido, es probable que las negociaciones desemboquen en un acuerdo a la medida de las partes (lo que en KPMG hemos denominado el escenario “Saville Row”, una calle de Londres famosa por ubicarse en la misma un gran número de sastrerías).

Desde el punto de vista macroeconómico, la economía británica en 2016 está resistiendo mejor de lo previsto el Brexit, debido a una libra más débil, que se ha depreciado hasta ahora casi un 10%, y que ha propiciado unos mejores datos de exportación, y a un ajuste del gasto en consumo más gradual del previsto, previsiblemente fruto de las medidas expansivas de política monetaria aprobadas al inicio de verano (reducción de los tipos de interés hasta el 0,25% y un Quantitative Easing, que ha supuesto una significativa inyección de liquidez en la economía).

Sin embargo, la debilidad de la libra podría contribuir a una mayor inflación en los próximos meses, en la medida en la que las empresas trasladen los aumentos de costes de importación a los consumidores, con sus consiguientes impactos sobre la demanda interna. Ello ha llevado al FMI a retocar a la baja su última previsión de crecimiento del PIB para 2017, de octubre, dejándola en el 1,1% por parte del FMI (desde el 1,3% en su previsión de julio).

Como es lógico, este trascendental proceso tiene especial incidencia en las regiones españolas con mayor interrelación con Reino Unido y, sin duda, Castilla y León es una de ellas. No en vano, el mercado británico es el segundo destino de las exportaciones castellanoleonesas, con una cuota del 8% sobre el total y un significativo crecimiento en los últimos años: en torno a un 300% en el periodo 2000-2015 y un 45% en los 9 primeros meses de 2016, en contraste con el 12% de crecimiento al resto del mundo en estos meses.

Además, en el ámbito de las inversiones, Reino Unido es el segundo inversor extranjero en Castilla y León.

Sectores clave en la economía de la región, como la automoción y el agroalimentario, han de estar muy atentos a los potenciales efectos comerciales del Brexit. Es previsible que en el corto plazo, la depreciación de la libra y la ralentización del consumo conlleven un descenso de las importaciones británicas. A medio y largo plazo, el acceso al mercado británico será previsiblemente más complejo por las certificaciones y demás trámites aduaneros que se exijan y por las posibles barreras arancelarias y/o no arancelarias que podrían derivarse del futuro acuerdo con la Unión Europea.

Asimismo, este proceso de desconexión comunitaria genera incertidumbre sobre los flujos de inversión bilaterales entre Reino Unido y Castilla y León, toda vez que los términos del futuro escenario comercial y financiero pueden impactar en las cadenas de suministro y en la estrategia de localización de las empresas británicas y castellanoleonesas.

Todos estos interrogantes han convertido al Brexit en una prioridad estratégica para muchas compañías, que podrían verse afectadas en aspectos tan dispares como la necesidad de modificación de los clausulados de los contratos con empresas británicas; su modelo de negocio, ante las posibles certificaciones aduaneras y barreras arancelarias y no arancelarias que tendrían impacto sobre las condiciones negociadas con clientes y proveedores; el reconocimiento mutuo de normas técnicas; los planes de refinanciación, que pueden verse impactados por cambios de rating; las modificaciones en la normativa de protección de datos; los aspectos relacionados con las políticas de recursos humanos para empresas que tengan equipos desplazados; etc. Pero el impacto podría también tener una vertiente positiva, para aquéllas empresas que sepan encontrar una oportunidad en elementos como la debilidad de la libra o el acceso a un mercado que en pocos años estarías fuera de la Unión Europea, a lo que se añade el nuevo fondo de productividad recientemente aprobado, que prevé importantes inversiones en infraestructuras.

Por ello desde KPMG estamos trabajando con las empresas en anticiparse a este gran reto para su negocio a través del diseño de un plan de contingencia que ayude a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

Antonio Hernández es Técnico Comercial y Economista del Estado, socio responsable de Estrategia Energética e Internacional de KPMG en España