Diario de Valladolid

EDITORIAL

La necesaria obligación municipal de rendir cuentas

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EL TRIBUNAL DE Cuentas acaba de hacer público su informe. Aquel en el que señala qué ayuntamientos y cuáles no cumplen con su obligación de rendir cuentas anuales. Y en él no salen mal parados los consistorios castellanos y leoneses. Al contrario, salvo excepciones que es necesario remarcar, pero que no pasan de ser eso, meras excepciones, los equipos de gobierno de los diferentes ayuntamientos de la Comunidad están al día con el organismo de Cuentas.

La fiscalización de los Presupuestos municipales es una necesidad que las administtraciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales tienen la obligación de facilitar al Tribunal de Cuentas.

Sirve para conocer con certeza absoluta quiénes son los que, primero, no cumplen con esa obligación de rendir cuentas. Y, después, es el instrumento eficaz para saber cuáles entre los cumplidores, además de presentarlas en tiempo y forma, tienen unos presupuestos bien realizados y saneados. Esa labor de control es la que hace y ejerce el Tribunal de Cuentas, a nivel nacional, o el Consejo de Cuentas, en el caso de Castilla y León.

El mero hecho de que una institución local incumpla con su obligación para con el Tribunal de Cuentas supone ir en contra de una organismo de control que, además de fiscalizar las cuentas de las administraciones, es esencial para corregir los posibles errores que en ellas se pudieran producir.

Solo por eso, sin olvidar que están obligados, las instituciones deberían ser aún más cumplidoras de lo que son en la actualidad con este necesario, casi obligado, mecanismo de control de los presupuestos.

En una época en la que por ley se exige que todas las administraciones del Estado, de arriba a abajo, tengan aprobados sus presupuestos ejercicio tras ejercicio en tiempo en forma, no existe excusa alguna que venga a invalidar esa obligatoriedad de estar al día con el Tribunal de Cuentas. Una exigencia que es necesario se fije con las medidas de control necesarias para que todas las administraciones cumplan.

El Tribunal de Cuentas cumple con aquello que está obligado: ejercer de controlador y fiscalizador de todos y cada uno de los presupuestos de las administraciones locales y provinciales. Y éstas deben hacerlo con la suya, que no es otra que la necesaria obligación de ayuntamientos y diputaciones de rendir sus cuentas para que sea el Tribunal quien fiscalice aquello que se hace con el dinero público en cada institución.

Obligaciones que, sin duda, evitarán también los posibles demanes y descontroles que pudieran producirse.

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