La Comunidad cumple con la reducción de entes públicos
NO HAY DUDA de que en todas las comunidades autónomas españolas se produjo un crecimiento excesivo y en muchos casos injustificado del número de entes públicos coincidiendo con la etapa de bonanza económica. La creación de empresas públicas, que inicialmente se crearon para agilizar la gestión, se acabó convirtiendo en una forma de evitar los controles a los que están sometidas las administraciones y en un incremento del gasto público no justificado en términos de rentabilidad, ni económica ni social. Hay muchos entes públicos necesarios y justificados, pero hay otras totalmente prescindibles cuyas labores son perfectamente asumibles por el personal de la Administración Pública y que lo único que suponen es una duplicidad de funciones y un aumento del gasto que se demostró insostenible con la llegada de la crisis económica, pues restaba injustificadamente recursos para otros servicios más necesarios para los ciudadanos.
Entre 2004 y 2012 el número de entes públicos dependientes de las Comunidades Autónomas creció casi un 27%, al pasar de los 1.791 a los 2.273. Con autonomías que llegaron a incrementos cercanos al 70%, Castilla y León tuvo un comportamiento más moderado, con un aumento del 24,6%, hasta quedar en 86 entes públicos. Con la crisis económica en sus momentos más duros, las Comunidades tuvieron que aceptar realizar una cura de adelgazamiento en el sector público.
Castilla y León se comprometió con el Ejecutivo central a reducir 28 entes públicos entre los años 2011 y 2015. La Comunidad prácticamente ha cumplido con su objetivo, pues a 1 de enero de 2016 había cerrado 25 entes, pero había dos otros dos inmersos en un proceso muy cercano a la extinción, con lo que la reducción efectiva ha sido de 27, uno por debajo del objetivo. Es decir, que el grado de cumplimiento ha sido del 96,43%. Lo importante es que esto se ha traducido en un ahorro de más de 1.372 millones de euros, sin que el funcionamiento de la Junta parezca haberse resentido por ello. El cumplimiento de lo pactado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es un hecho positivo y es necesario que la Junta reflexione sobre si es necesario «profundizar y avanzar más» en el proceso de reducción, como afirma el Ministerio.
Sea cual sea la decisión, una de las lecciones que deben extraerse de la dura crisis económica es que la falta de previsión en las épocas de bonanza pueden hacer más difíciles los tiempos de dificultades. La recuperación va avanzando y llegarán tiempos mejores. Será entonces cuando no haya que olvidar los errores del pasado para no tropezar de nuevo en la misma piedra.