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HASTA QUE termine este verano y se puedan comparar cifras referentes a los incendios acaecidos con las de otros años sería aventurado asegurar que la nueva reforma de la Ley de Montes aprobada en el pasado mes de junio haya sido determinante en el aumento de los mismos. Pero algo sí parece claro, que no se puede decir que esa reforma ayude a disuadir de sus acciones a quienes provocan intencionalmente fuegos en nuestros bosques. Es más, lo que sí indica la investigación efectuada sobre estos incendios es que probablemente una buena parte de los más recientes hayan sido provocados a propósito: es decir, con varios focos al tiempo para cerciorarse de su efectividad y fines especulativos.

Desde distintos ámbitos, se habían oído ya voces que desaconsejaban la excepcionalidad que contempla la modificación operada en la Ley sobre la normativa de 2003, según la cual las comunidades autónomas podrían decidir el cambio de uso forestal de un monte quemado, por ejemplo, para construir en él. Ante todo esto, la ministra del ramo ha declarado que en España «hay muchos montes abandonados y que se están deteriorando», abogando por algo que resulta innegable: «Un monte gestionado es un monte cuidado». Pero cabría preguntarse por qué montes que fueron bien gestionados en su día y que estaban perfectamente cuidados han ido cayendo en tal abandono. No hay una sola causa, sin duda; pero para efectuar un resumen adecuado de ellas habría en cualquier caso que apuntar a una preocupante realidad: la paulatina alienación del monte, empezando por la dejación en su función de las administraciones implicadas. Si cotejamos los tiempos actuales con aquellos en que el tantas veces denostado ICONA se ocupaba de nuestra riqueza forestal, el balance actual resulta bastante negativo.

Los montes no se gestionan, ni cuidan, ni preservan con las necesarias medidas preventivas contra los incendios porque cada vez más las instituciones y la gente los han ido viendo como cosa ajena, no como algo nuestro que se quema y abandona: que se deja perder.