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HACE AÑO y medio, cuando la ventolera de Montoro pretendía arrasar juntas vecinales y demás vestigios de nuestra identidad municipal, un tropiezo salmantino de María Dolores de Cospedal invistió al alcalde de la ciudad como presidente autonómico, con dos años de antelación. Era el día de San Pascual Bailón y la concurrencia al festejo interparlamentario lo tomó como otro traspié de la manchega. Ella lo notó por las risas. Un desliz no en diferido, como el de Bárcenas, sino precipitado. Aquella investidura temeraria dio alas a nuestro polizón regional en la Federación de Municipios y Provincias, el paje zamorano Maíllo, y a la vuelta del verano plantaron cara en la sede del partido a la propuesta de Ordenación del Territorio de la Junta.

Una vez amortiguadas las expectativas por el sopapo de las europeas, pareció que se tranquilizaban estos manejos, poniendo el cuidado en salvar los muebles. Pero la pasada semana Génova encargó una encuesta sobre el liderazgo en el Partido Popular de Castilla y León, cuyo panel de opciones supone una afrenta para quien ostenta esa responsabilidad. Ofrecía cinco nombres para ser valorados de cero a diez, entre el rechazo y el aprecio. Y lo más grave es que entre ellos figuraba Herrera, como si su candidatura estuviera en la pelea. Con Herrera ofrecían las opciones (por este orden) de Rosa Valdeón, Antonio Silván, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando Martínez Maíllo.

Para redondear la pinza interna, este lunes el grupo popular registró en las Cortes una iniciativa con la vitola de regeneración democrática, que se inscribe en la línea abierta por Cospedal en La Mancha. Propone modificar otra vez el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral para reducir el número de procuradores y limitar sus mandatos, así como los de los presidentes del parlamento y de la Junta.

Esa es la chicha, que en Castilla y León supondría cercenar tanto el control al gobierno como la representación territorial. El resto es oportunismo barato y grosero.