La patronal cifra en 373 millones el impacto económico del absentismo en Valladolid
Desde 2018 este tipo de ausencias han aumentado casi en un 53%, con una tendencia al alza superior a la de la población trabajadora, que crece en once puntos

La jornada “Más allá de la ausencia: la realidad del absentismo y las claves empresariales para afrontarlo”.
CEOE Valladolid ha acogido este miércoles la jornada “Más allá de la ausencia: la realidad del absentismo y las claves empresariales para afrontarlo”, organizada junto a Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y Adecco. Durante el encuentro se han analizado los datos disponibles sobre Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) y su impacto en la red empresarial de la provincia, destacando la importancia de avanzar en medidas que permitan mejorar la gestión de este sistema y reducir sus efectos.
Según un informe de AMAT, en el que se recogen los datos de absentismo a partir de la información remitida por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el coste total de este tipo de ausencias en Valladolid asciende a 373.014.826 euros. De esta cuantía, 182.247.555 euros corresponden al desembolso directo asociado a la actividad empresarial, derivados del abono económico durante los primeros días de bajas, los complementos salariales y el mantenimiento de las cotizaciones durante estos periodos de inactividad. "El coste si las Mutuas de accidentes de Trabajo pudieran actuar sobre las patologías de traumatismo podría llegar a reducirse en unos 50 millones de euros para las empresas de la provincia de Valladolid", declara el director de AMAT, Pedro Pablo Sanz.
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CEOE Valladolid subraya las complicaciones que esto puede traer a las empresas, en un contexto que además califican "de aumento de costes y dificultades para cubrir determinadas vacantes". En su comunicado con la prensa destacan que el absentismo "condiciona de forma directa la organización del trabajo, la planificación de la actividad y la competitividad de las empresas".
Valorando el panorama a nivel regional y nacional, consideran que "la dimensión del fenómeno es estructural", con 1.564.123.687 euros en Castilla y León y en 33.280.391.784 euros en el conjunto de España.
Traduciendo estas cifras a empleados que no acudirían ninguno de los 365 días del año a trabajar, los números para la provincia vallisoletana equivaldrían a 18.789 trabajadores, lo que representa el 8,29% del total de trabajadores protegidos y a 87.553 y 1.789.369 trabajadores en Castilla y León y España, respectivamente. De esta forma, las empresas sufren unas consecuencias derivadas de este fenómeno, entre las que se encuentra un impacto en la capacidad operativa y sus consiguientes variaciones en la productividad y la organización interna del trabajo.
Este informe, que toma como referencia la serie histórica de 2018 a 2025, pone en manifiesto una tendencia sostenida al alza, que en Valladolid ha aumentado en un 52,98 % en estos siete años. Esta cifra la sitúa como la provincia con la tasa de crecimiento más baja de Castilla y León, que alcanza un 61,63%, por debajo del 75,67% de media nacional.
Desde CEOE Valladolid mantienen que, a pesar de que estas cifras de la provincia vallisoletana no se encuentren entre las que más han crecido, "la evolución acumulada desde 2018 refleja un problema estructural que se mantiene en el tiempo, con efectos directos sobre la organización del trabajo y los costes empresariales".
Este análisis también expone un patrón semanal, en el que los lunes concentran un mayor número de bajas laborales, reuniendo alrededor del 27% de los registros tanto en Castilla y León como en la media nacional, que desciende de forma progresiva conforme avanza la semana laboral.
Por todo lo expuesto en el informe, CEOE Valladolid señala "la necesidad de introducir mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, especialmente en aquellos ámbitos donde se producen ineficiencias administrativas o prolongaciones innecesarias de los procesos".
En este contexto, junto a AMAT, proponen una serie de medidas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema y reducir el impacto de este tipo de bajas. Entre ellas se encuentra un incremento en los recursos sanitarios en España, que podría permitir la reorganización de estas gestiones, así como aumentar el número de profesionales sanitarios elevando el número de matriculaciones universitarias del sector.
También se considera una mejora en la coordinación entre los agentes que gestionan estas prestaciones y modular las cláusulas de los Convenios Colectivos teniendo en cuenta este tipo de procesos.
Según las propuestas planteadas, se contempla ampliar el papel de las Mutuas mediante un modelo en el que estén facultadas para poder gestionar los procesos de baja derivados de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, "pudiendo dar el alta médica estableciendo un mecanismo de garantía para los trabajadores, al igual que existe para los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional".
Además, se considera motivar un cambio sociocultural en cuanto a los valores, compromisos y responsabilidad respecto al trabajo, que de la mano de una modificación del marco regulatorio laboral "posibilitando el despido por reiteración de procesos de baja derivados de ITCC" y de un ajuste del "proteccionismo del Estado en las situaciones de necesidad" permita reducir el impacto en la producción empresarial.
Desde Adecco señalan la importancia de reducir la duración de las bajas evitando procesos "innecesariamente largos", atajando las causas estructurales del absentismo, mediante la mejora en el control y la gestión de las bajas médicas y medidas preventivas y de bienestar laboral. "Lo que no queremos en ningún caso es que los trabajadores que no están enfermos no trabajen", sentencia el director de Adecco en Castilla y León, José Julián Nieto.