Arranca la batalla del plan hidrológico en Castilla y León

Comienza la ardua tramitación de un nuevo plan hidrológico para la cuenca del Duero, con tan pocos visos de acuerdo entre el campo y el Gobierno de España como hubo en el plan hidrológico vigente, que caduca en 2027. El marco actual contó con el voto en contra de los regantes, las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), cooperativas, colegios profesionales dedicados al sector, las nueve diputaciones de la Comunidad e incluso de la Junta de Castilla y León. Al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) –de quien dependen todas las confederaciones hidrográficas–, le dio lo mismo: lo aprobó por el artículo 33, pues tiene potestad para hacerlo. Ocurrió como con el lobo: no quiso escuchar a los profesionales del sector primario.

Mucho se temen esos mismos profesionales que en esta ocasión vuelva a ocurrir lo mismo, aunque los hay que tienen la esperanza de que al término de la negociación, allá por 2027, haya asumido la batuta un nuevo Gobierno de España que actúe de forma distinta. El caso es que el campo ve necesario que mejore un marco normativo que permita gestionar bien la cuenca del Duero, una demarcación que se extiende a lo largo y ancho de 98.073 kilómetros cuadrados (km2).

Se trata de la demarcación más extensa de España, por encima de otras de las cuencas más grandes del país como son la del Ebro (86.100 km2), la del Tajo (80.600 km2) o la del Guadiana (67.733 km2). Si se tiene en cuenta solo la parte española de la cuenca del Duero, esa extensión se reduce a 78.889 km2, el 80,4% del total, con una población, en esa parte española, de 2.110.736 habitantes, según la documentación del plan en tramitación. Cuenta con una densidad de población de 26,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Castilla y León acapara casi la totalidad de la parte española de la cuenca, concretamente un 98,255% de su extensión y el 98,64% de su población, pero también se asienta de forma minoritaria en otras comunidades autónomas. Son, de más a menos influencia, Galicia, que acoge el 1,44% del territorio y el 1,302% de la población; Cantabria (0,125 y 0,048%, respectivamente), Castilla-La Mancha (0,076% y 0%), Extremadura (0,053 y 0%), La Rioja (0,027 y 0%), Madrid (0,016 y 0,008%) y por último Asturias, con el 0,005% del territorio y el 0% de la población.

Es importante considerar el número de municipios de la demarcación, un total de 2.159, y especialmente los de más de 20.000 habitantes, que cuentan con un tratamiento especializado en el plan del Duero, de mayor a menor, según el padrón de 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE): Valladolid (292.417), Burgos (168.672 habitantes), Salamanca (143.954), León (115.184), Palencia (74.149), Zamora (58.818), Ávila (57.096), Segovia (48.510), Soria (39.788), Aranda de Duero (32.467), Laguna de Duero (22.164), Arroyo de la Encomienda (21.946) y Trobajo del Camino (en San Andrés del Rabanedo, con 20.011 habitantes).

En este contexto, la CHD presentó el pasado viernes los documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 (el cuarto), que permanecerán en consulta pública hasta el próximo 20 de junio «para que todas las personas, entidades y organizaciones interesadas puedan aportar propuestas, observaciones y sugerencias», reza la convocatoria de la CHD, si bien la experiencia advierte que muy probablemente esas propuestas no sean tenidas en cuenta, como sucedió en el plan hidrológico en vigor, según relataron los regantes, las Opas, las diputaciones, las cooperativas, los colegios profesionales y otros agentes del sector.

La Confederación celebró en Valladolid la jornada de presentación de esos documentos iniciales, un encuentro mixto, presencial y online. La presidenta del organismo, María Jesús Lafuente, apostó por «seguir esforzándose por acometer las medidas pendientes más allá de 2027» y defendió la necesidad de «reforzar el estudio del cambio climático» para que este cuarto plan hidrológico «consiga la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia, como un aspecto transversal a todo el ciclo de planificación», remarcó, según reflejó la Confederación en un comunicado.

La planificación hidrológica «es la herramienta principal para la gestión de los recursos hídricos en nuestro país», dentro un proceso de revisión y actualización cada seis años. De esta forma, los documentos iniciales presentados el pasado viernes corresponden a la primera fase del proceso de planificación para el ciclo 2028-2033. Incluyen un programa de trabajo y calendario, un estudio general de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero para determinar las presiones y demandas presentes y futuras, así como las fórmulas de consulta.

Las siguientes etapas clave del proceso de planificación serán los ‘Esquemas de Temas Importantes’ de cada demarcación hidrográfica, que estarán a disposición pública antes del final de 2025, y el propio proyecto de plan hidrológico para el periodo 2028-2033, que se pondrá en consulta pública antes de que finalice el año 2026, relató la misma fuente.

Impactos

Los documentos iniciales detallan el estudio general de la parte española de la demarcación que caracteriza los diferentes usos del agua y su valoración económica, así como las presiones y riesgos en el horizonte 2027. En este sentido, «se mantiene la fuerte explotación de las aguas subterráneas en algunas zonas de la cuenca y que está deteriorando las masas de agua, afectando la contaminación por nutrientes al 26,6% de ellas», asegura la CHD en su documentación, si bien este es un extremo muy discutido por los regantes, agricultores y ganaderos.

Igualmente, «en las masas de agua superficial los impactos más significativos son las alteraciones del hábitat por cambios morfológicos, incluida la conectividad, que alcanzan el 54,2% de ellas y que se corresponde fundamentalmente con la presencia de obstáculos en esas masas». Este es otro punto que los documentos iniciales tratan como un dogma de fe, pero es una cuestión muy controvertida. Ahí están discusiones tales como las choperas en las riberas de los ríos, que quiso eliminar la CHD pero que se han demostrado sostenedoras del suelo ante fenómenos como las riadas.

El Organismo gestor de la cuenca asegura, en su comunicado, que «apuesta por la máxima participación pública para que tanto las partes interesadas como el resto de ciudadanos conozcan el proceso de planificación hidrológica y sus detalles y puedan hacer aportaciones que mejoren los contenidos finalmente aprobados». Se trata de una afirmación con la que no se mostraron de acuerdo la mayoría de los agentes del sector que participaron en la tramitación del último plan hidrológico.

Hasta el próximo 20 de junio se encuentran en consulta pública los documentos iniciales del cuarto ciclo de planificación hidrológica. Durante este plazo, todas las personas, entidades y organizaciones interesadas pueden aportar las propuestas, observaciones y sugerencias que estimen oportuno mediante escrito dirigido al Registro general de la CHD, en la calle de Muro 5 de Valladolid. El proceso de revisión de los planes vigentes culminará a finales de 2027.

Ante el inicio de la tramitación de los planes hidrológicos en la mayoría de las demarcaciones hidrográficas del país, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) solicita incrementar la inversión en presas y embalses para ejecutar todas las infraestructuras aprobadas en los planes hidrológicos vigentes, cosa que a su juicio no se está produciendo, o al menos no con la celeridad deseada.

Se trata de infraestructuras que podrían minimizar los daños de los temporales y convertir el riesgo de sufrir inundaciones en una oportunidad para evitar las sequías. En opinión de la Federación, son necesarios un mínimo de 100 millones de euros al año para el mantenimiento de las presas en condiciones adecuadas de operatividad y funcionamiento ante fenómenos extraordinarios como las avenidas.

Infraestructuras

Así quedó de manifiesto durante la XXIII Jornada Técnica de la entidad, celebrada el mismo viernes de la presentación de la CHD. Una jornada en la que Fenacore presentó una hoja de ruta preventiva ante emergencias meteorológicas e informó de su petición al Gobierno para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) asuma las competencias del agua con el objetivo de impulsar las inversiones pendientes en infraestructuras hidráulicas.

Tras analizar las consecuencias de la Dana del pasado octubre y de las recientes lluvias torrenciales del mes de marzo con el objetivo de aplicar las lecciones aprendidas, Fenacore propone a todas las administraciones y a todos los actores públicos y privados afectados una hoja de ruta trazada para buscar soluciones conjuntas «y estar preparados ante futuros temporales», señala la organización. 

En primer lugar, la Federación reclama destinar más recursos a los embalses como principales infraestructuras para controlar las inundaciones, minimizar las consecuencias de riadas y desbordamientos y, al mismo tiempo, ayudar a hacer frente a las periódicas sequías cada vez más frecuentes.

Fenacore solicita asimismo ejecutar las 29 presas aprobadas en los actuales Planes Hidrológicos desde 2023. Sugiere destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos a la ejecución de las obras hidráulicas y embalses. 

Los regantes defienden también, cuando sea necesario por el riesgo de desbordamientos, el encauzamiento de ríos y barrancos en su cruce con zonas urbanas con grave peligro de inundación para controlar y aumentar la capacidad del flujo de agua, proteger infraestructuras y viviendas cercanas al cauce. «Estas actuaciones demostraron su utilidad tanto el pasado 29 de octubre en Valencia como en las últimas lluvias de Talavera», señala la organización. 

La hoja de ruta desgrana otras actuaciones en los cauces y en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, alude a las replantaciones y a la reforestación en las cabeceras de los ríos para facilitar la retención del agua de lluvia, además de reducir y ralentizar la escorrentía superficial de las lluvias torrenciales. Otro punto consiste en garantizar la limpieza de cauces para mantener los ríos en buen estado funcional y ecológico, cumpliendo con su rol ambiental, social y de protección frente a inundaciones con la capacidad de evacuación suficiente. 

Los representantes de los regantes plantean también que en determinadas zonas se eliminen las cañas, porque «reducen la biodiversidad, alteran los ecosistemas y son una especie invasora que no deja espacio para convivir con otras especies ni ofrece un hábitat amigable para los animales». De ahí que recomiende gestionar los ríos favoreciendo su funcionalidad hidráulica y ambiental. De igual modo, defiende la realización de corredores verdes en los ríos y barrancos, y favorecer la biodiversidad sin esperar a que la naturaleza «se autorregule».

En esta hoja de ruta preventiva, Fenacore urge a coordinar a todas las Administraciones Públicas ante eventuales catástrofes y, para ello, pide mejorar los protocolos de actuación en las competencias meteorológicas, de obras hidráulicas y de protección civil y emergencias. 

Ordenación

En cuanto a la ordenación del territorio, los regantes opinan que las administraciones deben priorizar la seguridad y la sostenibilidad, restringiendo la construcción en áreas vulnerables y adaptando las infraestructuras en zonas de alto riesgo de inundación. Fenacore alerta de que España tiene un riesgo de desertización del 75% de su territorio y, al mismo tiempo, cerca de 3 millones de personas viven en zonas potencialmente inundables en un período de retorno de la inundación de 500 años.

Por último, la entidad de los regantes sugiere una batería de medidas destinadas a la reparación urgente de los daños. Entre otras, agilizar las ayudas directas para mitigar las pérdidas de producción y acelerar la reactivación de las zonas anegadas; aprobar una exención transitoria de tarifas y cánones de regulación durante los próximos años a todos los usuarios en las zonas declaradas catastróficas, con independencia de los volúmenes de agua que se puedan usar; y crear una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Coincidiedo en el tiempo con la presentación de la CHD y la jornada de Fenacore, el Miteco inició el pasado viernes la consulta pública previa para la actualización del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y del Real Decreto de evaluación y gestión del riesgo de inundación. «Los episodios de inundaciones de los últimos años, y especialmente la Dana de octubre, hacen necesario un endurecimiento de la normativa sobre gestión del riesgo de inundación», explica el Ministerio.

El proyecto de norma pretende, mediante nuevas modificaciones, hacer frente a esos riesgos. «Se busca regular de forma más estricta los usos en las zonas inundables, así como incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables existentes en las zonas inundables», sigue explicando el Miteco. «Asimismo, se pretende establecer un marco común de colaboración entre las distintas administraciones públicas implicadas, con el fin de mejorar la implantación de medidas de protección frente a inundaciones, así como el refuerzo de la formación en prevención de riesgos, tanto para empleados públicos como para la ciudadanía, en coordinación con las autoridades de protección civil», concluye.