«La Cámara Agraria sigue porque es vital que se mantenga la llama»

«Continuamos como podemos porque los profesionales siguen pidiéndonos ayuda y asesoramiento, tanto a título personal como a través de las 154 juntas agropecuarias que hay en el territorio burgalés, y que son quienes nos sustentan con sus aportaciones así como la Diputación que nos concede 25.000 euros anualmente a través del convenio que tenemos con ella». Porque «la dejadez de la Junta sigue siendo total, aunque nuestra labor está estrechamente vinculada a una de sus competencias esenciales, la de velar por el campo y el mundo rural, y por quienes lo trabajan y viven en él».

Con estas palabras resume el presidente de la Cámara Agraria Provincial de Burgos, José Manuel de las Heras, la situación en la que se encuentra actualmente este organismo, en el que confiesa que «seguimos con mucha dificultad tras la dejadez total por parte de la Junta, desde que años atrás con la Ley Agraria de Castilla y León y siendo consejera Silvia Clemente, se nos dejó con presupuesto cero».

Decisión que, como recuerda, supuso la desaparición de las cámaras agrarias de algunas de las provincias, siendo Burgos, una de las pocas que continúa en pie.

Asegura que siguen haciendo su trabajo «con poquito ruido y como podemos, sobre todo de asesoramiento a las juntas agropecuarias y a los propios profesionales cuando nos lo requieren», reitera el también presidente nacional del sindicato agrario UCCL. Y es que como recuerda, en Burgos «siguen en marcha 154 juntas agropecuarias, a las que pronto se sumarán dos que nos han consultado para iniciar los trámites y configurarse», avanza, dejando así patente la labor de asesoramiento que siguen realizando desde la Cámara, entidad de referencia para el sector desde su creación hace décadas.

Actualmente, la gestión de la burgalesa la configuran solamente respresentantes de las agrupaciones agrarias de Asaja y UCCL, ya que COAG y UPA (unidas estos años bajo el epígrafe conjunto Alianza por la Unidad del Campo), «no lograron representación en las últimas elecciones agrarias y no participan en la gestión».

Labor de acompañamiento en la que remarca el papel destacado de los técnicos con que cuenta en este momento la entidad. «Son 3 empleados al 75% de la jornada, cuyo salario se paga con el dinero que nos dan las juntas agropecuarias, y que ellas obtienen con su actividad a menudo vinculada a la gestión de pastos o de cotos, sobre todo», explica De las Heras.

A quienes se suma una nueva secretaria aportada por la Consejería de Agricultura, «ya que recientemente se ha jubilado nuestro secretario y ella se va haciendo con la gestión del día a día».

Servicio aportado por la Junta, con el que sin embargo «cumple sólo a medias con su obligación, pues nos corresponde un administrativo, un auxiliar de éste y una secretaria técnica, y a nosotros sólo nos aporta a ésta última, ya que el resto de los trabajadores los pagamos nosotros con los pocos fondos con que contamos», reprocha.

Trabajo que, como confiesa, «a veces es complicado pues también nosotros recibimos presiones. Y es que pesar del recorte, «hay labores de asesoramiento y ayuda que debemos realizar con las juntas agropecuarias, pues para eso nos pagan también evidentemente de las que forman parte profesionales individuales, asociaciones de éstos e incluso ayuntameintos», recuerda. «Y no siempre podemos llegar a todos con la premura que querríamos nosotros y ellos», reconoce.

RECUPERAR SU PESO

«Pero seguimos respondiendo, puesto que creo vital mantener la llama viva y ayudar al profesional en muchas de las tramitaciones que deben llevar a cabo, ya sea renovación de cargos, pagos u otros mil trámites». Y aunque afirma que «las juntas conocen ya perfectamente el proceder habitual, nuestros técnicos les ayudan sobre todo ante los continuos cambios que se producen en las normativas vinculadas al sector».

Por todo ello entiende que, a su parecer, las Cámaras Agrarias «deberían recuperar su sitio, y más en una región como Castilla y León en la que el enorme peso del sector primario y los cientos de procesos productivos y económicos vinculados a éste, son vitales», argumenta. «Pero debe ser un objetivo consensuado entre todos los agentes y trasladárselo así a la Junta, y a mi parecer, no todos están ya por la labor», lamenta. «Y es que es una pena, ya que la actividad con el profesional del campo sigue siendo continua e intensa», añade.

De forma paralela, recuerda que se encuentran inmersos en el proceso de venta de las oficinas de su sede tras acordarlo así las dos agrupaciones gestoras. Sita en uno de los laterales de la plaza Virgen del Manzano y con unos 700 metros cuadrados de superficie, parte de un precio de 700.000 euros.