«Hay que recordar a los políticos que este sector supone más del 7% del PIB regional»

La Unión de Campesinos de Castilla y León ya está lista para la campaña electoral. Ha puesto sobre la mesa de los políticos un decálogo «para que no se olviden de los agricultores y ganaderos». Su coordinador, Jesús Manuel González Palacín, destaca tres puntos del mismo: el cambio del modelo de aplicación de la PAC, unos precios que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y una normativa específica sobre fauna salvaje.

Pregunta.- Las elecciones siempre son un momento de oportunidades. ¿Cuáles pueden sorprender a la agricultura y la ganadería?

Respuesta.- Para empezar, un cambio en el protagonismo que deben tener en Castilla y León que lamentablemente no es, ni mucho menos, el que merecen. Lo primero que hay que recordar a los políticos que este sector supone más de un 7% del PIB de la región; si sumamos la agroindustria y los servicios que dependen del mismo superan el 20%. En campaña son más receptivos a las propuestas que hacemos las organizaciones agrarias y hay que aprovechar esta época para que nos escuchen.

P.- ¿Qué hay del dicho al hecho?

R.- Somos conscientes que del programa electoral a la realidad hay un camino largo. Ahora lo que toca es estar con los grupos para influir en ciertos temas e incluir en el debate político los problemas de la agricultura y la ganadería para que también se mojen con sus propuestas.

P.- Y en ese punto está ahora mismo la UCCL...

R.- Sí, estamos manteniendo reuniones con todos los grupos con representación en las Cortes.

P.- ¿Con qué sensaciones sale de estos encuentros?

R.- Es sorprendente porque tenemos entrevistas periódicas con ellos y en esta época están muchísimo más abiertos a nuestros planteamientos. Coincidimos en el análisis pero también en las propuestas. Ahora estamos encantados. Habrá que analizar después los programas electorales para ver si las recogen o no. Y posteriormente tendremos que recordárselo a quien gobierne.

P.- ¿Ubicamos la PAC en la diana de las tareas pendientes?

R.- Es el reto más importante y urgente que tenemos en estos momentos porque se está negociando ya. Los países están tomando decisiones, mientras que España está aplazando las posiciones en los grandes temas para después de las elecciones. Algo que nosotros entendemos que no puede ser posible. Negociar una buena PAC en Bruselas es una de las mejores bazas que tenemos y la UCCL quiere saber cuál es la posición que el país tendrá en Europa para jugarla. Más allá de declaraciones generalistas, como una política fuerte o una financiación suficiente, hay que empezar a concretar.

P.- ¿Y por dónde comenzaría?

R.- Tenemos que conocer cuanto antes si va a haber una ayuda específica para los Agricultores a Tiempo Parcial (ATPs). Necesitamos saber quién tiene cabida dentro de la figura de agricultor genuino. Eso es fundamental. Si apostamos por un sector profesional tenemos que dirigir el respaldo económico a quienes tienen dedicación exclusiva. Estimamos que con menos de un 25% de ingresos agrarios no puede considerarse como tal y, por tanto, no debería de cobrar la PAC.

P.- Otra de las apuestas de su organización postula el precio como garante de rentabilidad de las explotaciones. ¿En qué se concreta?

R.- Miguel Arias Cañete sacó una ley agraria. Pero después de la misma no ha habido ningún tipo de desarrollo. Creemos que esa normativa puede ser una buena base para después poner en marcha decretos que garanticen que el sector productor sea capaz de negociar precios con el industrial y el de la distribución. Francia ahí nos lleva una pequeña ventaja. Aprobó una ley en noviembre y ya está desarrollando decretos para que el coste de producción sea la base de la negociación de los contratos.

P.- ¿Han dado con la clave?

R.- Necesitamos que el sector productor recupere la capacidad para negociar porque lo está haciendo con grandes monstruos tanto industriales como distribuidores. Y el coste de producción tiene que ser siempre la base de esos contactos. Para ello, precisamos de uno oficial. Y eso es lo que solicitamos a la Administración, que haga un papel de arbitraje entre productor, distribuidor e industria.

P.- También piden una ley de fauna salvaje. ¿Por qué?

R.- Tenemos un gravísimo problema con la fauna salvaje. En los últimos siete años hay poblaciones de jabalíes, de corzos o de conejos que se han multiplicado por cuatro y por seis e, incluso en el último caso, por 20. Primero necesitamos que los cazadores puedan ejercer de una forma libre, sin coacciones y poniéndoselo muy fácil cuando se demuestre que realmente hay especies que sobran. Luego lo que pedimos es que la Administración asuma la responsabilidad del control de las especies salvajes, es decir, de las poblaciones que se han desbordado en los últimos años; y que asuma las indemnizaciones por los daños que causan en cultivos, ganaderías y en la propia seguridad vial. Solamente en Burgos en el último año se han dado más de 1.500 accidentes, según los datos de la Subdelegación.

P.- Estos tres retos están incluidos en el decálogo. ¿Qué otros deberes le pone al Gobierno?

R.- La fiscalidad es un tema muy importante para la agricultura y la ganadería. Es preciso que esté adaptada a la realidad del sector. En años malos pagamos muchísimos impuestos porque las estadísticas no se actualizan adecuadamente dado que, para reducir módulos, el baremo que utiliza Hacienda son los daños de agroseguro cuando los perjuicios son independientes de los seguros. Si queremos realmente incorporar a jóvenes y a mujeres al campo, deben encontrarse con una Seguridad Social reducida y una tarifa plana para emprendedores en el mundo rural. Tenemos que bajar la presión fiscal a la gente que está empezando para ayudarles y lograr un IVA reducido en los insumos: gasóleo, fertilizantes y semillas, fundamentalmente.

P.- ¿Cree que la agricultura y la ganadería conseguirán colarse en el debate político?

R.- Ahora estamos haciendo una ronda e inmediatamente después de las elecciones pediremos una reunión tanto al presidente de la Junta como al responsable de Agricultura para priorizar los temas más importantes y consensuar una serie de medidas. Primero se plantean propuestas; si no son atendidas, y consideramos que deben serlo, viene el plan b: presión, movilización y ruedas de prensa. La experiencia nos dice que sí se avanza pero no al ritmo que nos gustaría. Nuestra pretensión última es que el sector se cuele en el debate político y tenga una trasposición en los presupuestos de la Junta, que hemos perdido un 50% en los últimos ocho años.

P.- ¿Queda algún fleco suelto?

R.- Sí, uno de gran relevancia. Para que las iniciativas se tengan realmente en cuenta por el Ministerio es necesario que se clarifique la representatividad de las organizaciones agrarias. Ahora mismo hay un corralito más típico de una república bananera que de un país democrático. Con un 33,16% de respaldo en las elecciones autonómicas, a la Unión de Uniones –a la que pertenece UCCL– no se le permite sentarse al mismo nivel que las otras.