La nueva moratoria de los purines no satisface del todo a las Opas
«Insuficiente» Asaja y UPA-COAG creen que un año más no basta para hacer frente a una «inversión brutal», máxime cuando en la actualidad existe «mucha demanda y poca oferta»
Un agricultor esparce purines en su explotación agrícola.-ECB
Ya lo advirtieron en su momento las organizaciones agrarias. La moratoria de un año para la entrada en vigor de la normativa de purines se antojaba insuficiente de cara realizar las inversiones necesarias y el tiempo parece haber dado la razón a los agricultores que desde el minuto uno reclamaron un periodo de adaptación más extenso para hacer frente a los cuantiosos gastos que conlleva la renovación de maquinaria ante la imposibilidad de recurrir, como hasta ahora, a los clásicos platos, abanicos o cañones. Finalmente, la Junta de Castilla y León ha tenido en cuenta el «importante esfuerzo» del sector agroganadero al ampliar un año más la prórroga aprobada el pasado ejercicio.
Lo que no contempla esta nueva moratoria es la aplicación de cañones, ya que el Gobierno regional se ampara en el «cumplimiento de la condicionalidad» fijada en las Normas de Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) recogidas en el Reglamento de la Unión Europea. Por lo tanto, su utilización ya está terminantemente prohibida y sujeta, en caso de infringir la norma, a la «denegación o retirada» de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y «sanciones administrativas aplicables a los pagos directos».
Aunque la Junta haya autorizado el empleo de platos o abanicos para que «el sector esté en condiciones de cumplir la nueva normativa», lo cierto es que la moratoria plantea una serie de restricciones a la hora de aplicar los purines. En primer lugar, estos trabajos con sistemas de distribución no localizada deberán llevarse a cabocuando la temperatura máxima de la jornada elegida «no supere los 30 grados». Además, los purines deben enterrarse en el plazo «más breve posible» -cinco días como máximo- salvo que se produzcan «circunstancias excepcionales u otras causas de fuerza mayor que lo impidan». Eso sí, de ninguna manera se permite la aplicación de purines en recintos con una pendiente media «superior al 20%».
Pese a la concesión del Ejecutivo autonómico, motivada en buena medida por la reivindicación pública de la ejecutiva provincial de UPA-COAG en Ávila a finales de enero, las organizaciones agrarias de Castilla y León no parecen demasiado satisfechas con la prórroga porque consideran que el plazo debería ser mayor.
Tras la entrada en vigor de la polémica normativa, la Alianza salió a la calle en varias provincias de la Comunidad, el 5 de enero del año pasado, para exigir un aplazamiento. En la concentración de Burgos se encontraba, en primera línea, su coordinador provincial, Gabriel Delgado. Ahora, con la nueva prórroga, sigue pensando que el margen es «insuficiente» para un sector que de un tiempo a esta parte se está viendo obligado a asumir una «reestructuración bárbara» que conlleva una «inversión brutal».
A la hora de echar cuentas, Delgado recuerda el elevado encarecimiento de las cubas -de unos 7.000 a 60.000 aproximadamente- y el obligatorio cambio de tractor. Por lo tanto, estaríamos hablando de una inversión que podría llegar a rondar los «200.000 euros». Así las cosas, las ayudas del Plan Renove son «muy débiles» para afrontar ese gasto. Por otro lado, lamenta la aplicación general de la norma en lugar de atender a la idiosincrasia de cada territorio, dado que «cada comunidad autónoma y cada provincia es un mundo».
En la misma línea, el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, cree que el plazo debería alargarse «cuatro o cinco años por lo menos» porque «la maquinaria no se puede cambiar por capricho». Y es que el agricultor debe «amortizar» su inversión y no verse obligado a desembolsar más dinero por «un cambio de normativa de hoy para mañana».
Aunque agradece la moratoria de la Junta, Turrado defiende la necesidad de habilitar una nueva prórroga el año que viene porque la «solución técnica no ha sido fácil». El problema reside en se ha producido «mucha demanda y poca oferta», de ahí que los agricultores estén pagando la maquinaria «por encima de su valor». Además, los equipos existentes actualmente en el mercado «no solucionan realmente el problema»; por lo que no ha quedado más remedio que «improvisar». Por todo ello, no le cabe duda de que una ampliación temporal para adaptarse permitiría que «haya máquinas que realmente sean eficaces y con un precio más razonable».