Diario de Valladolid

Pacto por la calidad en la contratación alimentaria

Urcacyl anima a los operadores de la cadena a suscribir el ‘Código de buenas prácticas mercantiles’, una campaña que impulsa Cooperativas Agroalimentarias de España

Dos reses acuden a su pesebre en una explotación de vacas lecheras en la provincia de Salamanca.-ENRIQUE CARRASCAL

Dos reses acuden a su pesebre en una explotación de vacas lecheras en la provincia de Salamanca.-ENRIQUE CARRASCAL

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla yLeón (Urcacyl) se une a la federación nacional, Cooperativas Agroalimentarias de España, para animar a todos los operadores de la cadena a suscribir el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. Respalda así una nueva campaña para dar a conocer un documento que persigue un compromiso común por el cumplimiento de los acuerdos y por la mejora de la calidad de los productos que llegan al consumidor final.

«Nosotros queremos que a ese Código de buenas prácticas, que ya se cumple en muchas cooperativas, se adhieran otras cooperativas y muchas otras empresas, porque al final favorece los buenos usos en la contratación». Así lo explicó en respuesta a este periódico el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano. «El Código de buenas prácticas recoge procedimientos en la negociación comercial, en los contratos, en los deberes contractuales, en la vinculación con terceros, en la promoción... muchas cuestiones que afectan a la contratación alimentaria», añadió. Y es que «operamos con industrias, con productores, con la distribución... el documento aporta mayor transparencia, mayor conocimiento de las partes y mayor compromiso en la contratación».

Una mayor transparencia que, apunta el director de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, redunda «tanto en la estabilidad del mercado como en el mantenimiento y mejora de la calidad».

En cuanto a las cooperativas propiamente dichas, Urcacyl anima a todas «a conocer y aplicar el Código de buenas prácticas mercantiles e inscribirse en el registro voluntario al efecto». Aparte de la calidad y los beneficios para el consumidor, el Código, que se ajusta a la Ley de la Cadena Alimentaria que entró en vigor en enero de 2014, aporta seguridad jurídica en las relaciones entre los distintos operadores. Y es que, como señala Urcacyl, «la complejidad creciente en la comercialización de los productos agrarios, cada vez más sujetos a múltiples cláusulas como el precio, condiciones de pago y entrega o criterios de calidad, entre otros, aumentan la posibilidad de discrepancias a la hora de formalizar e interpretar un contrato agrario».

Desde Cooperativas Agroalimentarias de España defienden, tanto en España como en la Unión Europea, la prohibición y sanción de las prácticas comerciales desleales, «como medio para lograr unas relaciones comerciales más justas y equitativas, que retribuyan adecuadamente el valor aportado por cada eslabón de la cadena alimentaria». La entidad cree «firmemente» que las relaciones comerciales «deben estar basadas en el equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia».

VOLUNTARIO

El Código es de adscripción voluntaria, y en principio, sólo es aplicable entre operadores que lo hayan suscrito. Por ello, cuantos más operadores lo suscriban, mayor vigencia tendrá, «contribuyendo así a su extensión y a que acabe convirtiéndose en una referencia ineludible en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria», explican en Cooperativas.

El documento recoge detalladamente la forma correcta en la que deben desarrollarse las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, a través de 49 cláusulas. Las primeras se agrupan en una serie de principios básicos como la legalidad, defensa de los consumidores, libertad de empresa y de mercado y transparencia, sostenibilidad y eficiencia, entre otras.

Así, todos los operadores que intervienen en las fases de la producción, la comercialización, la industria y la distribución que se adhieran al Código, se ajustarán, en sus relaciones comerciales, al Principio de legalidad, es decir, actuarán en todo momento «en estricto cumplimiento de la legislación aplicable, especialmente de la normativa nacional y comunitaria en materia de defensa de la competencia».

También contempla el Principio de defensa de los consumidores, por el cual los operadores de la cadena alimentaria respetarán, en el marco de la ley y del Código, los intereses de los consumidores, con el fin de lograr que la mejora de las relaciones comerciales «se traduzca en unas condiciones de oferta al consumidor más amplia y variada, a la vez que más favorable y sostenible».

Igualmente prestarán una especial atención a la mejora de la percepción del consumidor sobre los productos alimentarios y la puesta en valor del sector alimentario.

Los Principios de libertad de empresa, de libertad de mercado y de pactos atiende la relación comercial entre los operadores, que se regirá por el principio de libertad contractual, al tratarse de operadores constituidos como entidades económicas independientes, que respetan el derecho de la otra parte a establecer su propia estrategia y su propia política comercial y de gestión.

Otra de las bases del documento reside en el Principio de lealtad. Las relaciones entre los operadores de la cadena alimentaria asumirán el compromiso de tratarse entre sí de manera responsable, de buena fe y con diligencia profesional. Adicionalmente a las anteriores normas y principios, la relación comercial entre los operadores se regirá también por los principios de interés mutuo, equidad, distribución equitativa de riesgos y responsabilidades, compromiso y confianza.

La transparencia, claridad, concreción y sencillez es otro elemento fundamental en las buenas prácticas mercantiles. Cuando un operador adherido al Código haga uso de condiciones generales de contratación en sus contratos alimentarios, estas deberán ajustarse a esos principios. También la eficiencia, pues los operadores se comprometen a garantizar «la máxima eficiencia y la optimización de los recursos en la distribución de mercancías en la cadena alimentaria». El marco de autorregulación contractual debe permitir «una mayor agilidad y seguridad en las transacciones comerciales y profundizar en las mejoras de eficiencia que se han producido en los últimos años así como la mejora del desarrollo tecnológico». Por último, el código aplica el Principio de sostenibilidad de la cadena alimentaria, que se comprometen a contemplar los operadores adheridos.

CONTRATOS

Para facilitar el cumplimiento de todos esos principios básicos, el Código recoge un clausulado que deben observar todos los contratos entre operadores de la cadena alimentaria. Por otra parte, recomienda que las negociaciones comerciales anuales se cierren y firmen por las empresas intervinientes «en el marco de unos plazos razonables, no superiores a los tres meses desde su inicio, para la organización de actividades».

La formalización de los contratos deberá ser por escrito, atendiendo al cumplimiento de todas las disposiciones legales, y en particular, el contrato establecerá aspectos como las categorías y referencias contratadas y los elementos de acuerdo al que hayan llegado las partes en relación a los volúmenes fijados o estimados y/o los establecimientos donde se referenciará el producto.

También deberá figurar el procedimiento de facturación y cobro y de gestión de las incidencias relacionadas con el contrato, que deberá respetar los plazos de pago legalmente establecidos, así como las penalizaciones contractuales por inconformidades, incidencias o cualquier otra circunstancia debidamente documentada, que «habrán de ser proporcionadas y equilibradas en relación a ambas partes», señala el Código.

Las excepciones por causa de fuerza mayor también serán objeto de los contratos. En particular, no se aplicarán penalizaciones por demora en las entregas de productos perecederos cuando éstas se deriven de causas de fuerza mayor previstas en el artículo 2.8 del Reglamento CE 1857/2006, de 15 de diciembre, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo.

Otros bloques atienden al ámbito de influencia del documento, que se limita al territorio español; al procedimiento de adhesión y baja del Código; a los compromisos generales de los operadores y sus asociaciones; cláusulas comunes a toda la cadena alimentaria; cláusulas especiales para productores primarios; otras específicas para industria y comercio, así como otros acuerdos, orientados a reducir el desperdicio alimentario, guías de gestión y manejo de los productos o situaciones de crisis sectorial.

Por último, se regula el cumplimiento del Código y la gestión de discrepancias –mediante soluciones de buena fe, mediación o arbitraje–, y la creación de una comisión de seguimiento del Código de buenas prácticas.

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