El campo espera «minimizar» el impacto de la subida del gasóleo

Cada vez es más complicado hacer cuentas en el sector agrario. La subida del gasóleo B ha provocado una oleada de indignación entre los agricultores, que reclaman «medidas urgentes» para evitar el desequilibrio creciente entre costes de producción y beneficios en plena época de siembra. Visto lo visto, el principal temor de Asaja de un tiempo a esta parte es que el carburante agrícola alcance de nuevo el máximo histórico de 1,12 euros por litro que tantos quebraderos de cabeza causó a los profesionales del campo hace seis años. De hecho, el sindicato se temía lo peor en este sentido a finales de octubre, cuando el precio se situaba en 0,975 euros. Sin embargo, a día de hoy ha descendido a 0,887.

«Es cierto que ha bajado, pero sigue siendo un coste muy importante para las explotaciones agrícolas», manifiesta el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, con intención de denunciar una realidad que a nadie se les escapa en el sector. Y es que «cuando baja el petróleo, el gasóleo no baja al mismo porcentaje». Partiendo de esta base, considera que «no puede subir el precio del gasóleo porque nosotros no podemos repercutir el precio de los costes en el valor de nuestros productos».

Ante este panorama, el sindicato ha planteado una serie de medidas al Gobierno con el objetivo de «minimizar» el impacto de esta subida para hacer frente a una «factura importante» justo en el momento en el que «más gasta el sector». Sin lugar a dudas, una de las principales reclamaciones es la exención impositiva ante «cualquier subida».A este respecto, Dujo remarca que el Ejecutivo se ha comprometido a no tocar el gasóleo agrícola.

Otro de los planteamientos de Asaja es la compensación para que los agricultores puedan solicitar una reducción de sus facturas. Sobre este apartado, Dujo destaca que el Gobierno parece dispuesto a «estudiar las medidas propuestas para tener mejoras en la declaración de la renta» de cara al borrador de la orden ministerial por el que se mantienen las condiciones de acceso de los autónomos al método de estimación objetiva del IRPF.

Tampoco pierde de vista Dujo la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, aprobada en julio del año pasado, que redujo en 15 euros la bonificación del gasóleo agrícola mediante la devolución parcial del Impuesto Especial de Hidrocarburos. A día de hoy, Asaja cifra en 63 los euros percibidos por cada 1.000 litros consumidos. Sea como fuere, el líder sindical defiende la devolución «íntegra» de la citada bonificación.

Aún con todo, el presidente autonómico de Asaja es partidario de seguir «presionando y trabajando» desde «todos los frentes» para que la Administración proteja los intereses del sector agrario. De igual manera, también apuesta por «presionar a las petroleras para que no saquen beneficio de un perjuicio» que sufren todos los agricultores cada vez que se incrementa el precio del gasóleo B.

Pese a los vaivenes del mercado, el sector permanece vigilante porque nunca se sabe lo que puede ocurrir el día de mañana. Por eso han surgido durante los últimos meses grupos de Whatsapp que se han convertido en foros de debate internos para abordar, entre otras cosas, la fecha idónea para la celebración de ‘tractoradas’ en señal de protesta. De entrada, se barajaban el 1 de noviembre o el 5 de diciembre.

Zamora se decantó por la primera fecha y Zaragoza por la segunda. Sin embargo, las Opas de Castilla y León no han secundado oficialmente una iniciativa que, a juicio del secretario provincial de UPA en Burgos, Gabriel Delgado, requiere una «tabla reivindicativa en condiciones» para que las administraciones competentes conozcan de primera mano los problemas que atraviesa el campo y las alternativas frente a la subida del gasóleo para aminorar la pérdida de rentabilidad.

«No estoy de acuerdo con estos precios, pero hay que hacerlo bien», sentencia Delgado convencido de que lo más idóneo, teniendo en cuenta la situación actual, sería «abrir una mesa de negociación» en la que estén presentes los sindicatos agrarios para establecer una «organización» efectiva de cara a trasladar las demandas del sector a sus interlocutores gubernamentales.

De entrada, el coordinador de UPA en tierras burgalesas estima fundamental que las Opas ejerzan presión para firmar un «acuerdo de ‘minimis’ como el de 2006». No le cabe duda de que «se tiene que volver a activar» porque «se ha ido reduciendo con los años». El caso es que en la actualidad «se está valorando todo, pero no hay nada seguro». Lo que sí tiene claro es que, al margen de que los agricultores se agrupen a título particular con el objetivo de organizar protestas por su cuenta y riesgo, las organizaciones profesionales agrarias deben estar unidas en una lucha que afecta a todos los profesionales del campo por igual.