Europa lucha contra las prácticas desleales

Tras la propuesta de la Comisión Europea para prohibir las prácticas comerciales desleales, el siguiente paso será estudiar la transparencia de precios. La institución espera poder tener los primeros resultados en el segundo semestre de este año. Europa quiere «dar voz» a quienes no la tienen y son las «víctimas» de una posición negociadora débil. Una forma de «reforzar» la posición de los productores y las pymes en la actual cadena de suministro de alimentos.

Por su parte, España defiende la Ley nacional y apuesta por «acercar» la propuesta comunitaria a nuestra legislación. El sector valora positivamente este paso para hacer una cadena «justa». Una propuesta que aquí se detalla:

Productos cubiertos

Los productos alimenticios cubiertos incluyen los productos agrícolas y los transformados a partir de estos. El proyecto establece una lista de prácticas prohibidas como el retraso en los pagos, la cancelación de última hora de pedidos de productos perecederos, cambios unilaterales en los acuerdos, y otras exigencias relacionadas con el pago de la mercancía.

Sanciones

Habrá sanciones en caso de incumplimiento. La Directiva propuesta requiere que los Estados miembros designen una autoridad pública para hacer cumplir la prohibición respecto a estas prácticas comerciales desleales. Dicha autoridad deberá ser capaz de llevar a cabo investigaciones previa petición, pero también por iniciativa propia dirigidas a la imposición de sanciones. Una labor que en España desarrolla en estos momentos la AICA.

Precios

No hay motivo, según la Comisión Europea, para que esta legislación suponga un incremento de los precios al consumo. En la consulta pública sobre prácticas comerciales desleales llevada a cabo por la institución, no se presentaron observaciones que sugirieran que estas prácticas que se abordan resulten en unos precios más bajos para los consumidores, ni que prohibirlas vaya a conducir a unos precios más elevados. La legislación prevé, según el documento comunitario, que la Comisión elabore un informe sobre la aplicación de las normas, también por lo que se refiere a cualquier impacto sobre los precios.

Medidas

La propuesta complementa la regulación a nivel de los Estados miembros. España ya ha dicho que «está más protegida que lo que la directiva europea propone». La acción a nivel de la UE crea, según la Comisión, un «nivel básico» de protección para todos los agentes de la cadena de suministro de alimentos en todo el territorio de la Unión, «mediante la armonización mínima de las normas». Unas normas compartidas para hacer cumplir la Ley y la coordinación de los esfuerzos policiales al respecto.

Fuera de la unión

Las normas serán de aplicación a los proveedores de fuera de la Unión, como explican fuentes comunitarias. Tanto por motivos de «equidad» como para evitar efectos distorsionadores no deseados. Por ejemplo, dicen, si solo se protegiera de las prácticas desleales a los proveedores de la Unión, pero no a los proveedores de terceros países, los compradores podrían tener incentivos para comprar a estos proveedores de terceros países (a los que podrían imponer prácticas comerciales desleales).

IMPACTO

La prohibición de estas prácticas que se consideren más perjudiciales para los agricultores y los pequeños y medianos proveedores en la industria alimentaria hará que aumente la confianza en la cadena de suministros. Así lo creen desde la CE que habla de «compensar» la relativa falta de poder de negociación de estos operadores en comparación con sus compradores de mayor tamaño. Se apuesta por una «mayor certidumbre» y de reducir la necesidad de gestionar riesgos sobre los que tienen un control escaso o nulo.